sábado, 18 de febrero de 2017

Ley de seguridad interior una opinión de como nos afecta.


Sin comprobarse en el Senado, el destino de mil 206 millones de pesos


El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, entregó el informe sobre la cuenta pública 2015Foto José Antonio López
Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Sábado 18 de febrero de 2017, p. 5
Una más de las anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la cuenta pública 2015 está en la gestión financiera del Senado, porque no comprobó el destino de mil 206 millones 928 mil pesos para asignaciones a los grupos parlamentarios.

La ASF, encabezada por el contador Juan Manuel Portal, hizo enfásis en esa auditoría aplicada al Senado, pues al “solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los mil 206 millones 928 mil pesos, sólo se proporcionó un resumen y el auxiliar contable de los importes y conceptos que fueron transferidos a dicha partida durante el ejercicio 2015, los cuales se revisaron y cotejaron contra los recibos emitidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios.

“La documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados con cargo a la partida 39903, ‘Asignaciones a los Grupos Parlamentarios’, no fue proporcionada, por lo que no se pudo comprobar si éstos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos”, enfatiza el órgano fiscalizador.

La ASF constató que el presupuesto para el Senado tuvo una asignación original de 4 mil 19 millones 177 mil pesos. Durante el ejercicio se registraron ampliaciones netas por 281 millones 384 mil pesos, con el resultantre de un presupuesto modificado de 4 mil 300 millones 561 mil pesos, el cual se reportó como ejercido.

En el análisis de las ampliaciones líquidas al presupuesto autorizado del ejercicio 2015, se detectó que 33 millones 524 mil pesos corresponden a ingresos excedentes obtenidos por la Cámara de Senadores, y 249 millones pesos provinieron del ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas para la Asignación de Recursos al Programa de Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes.

Por lo que hace a los recursos provenientes del ramo 23, por 249 millones de pesos, la Cámara de Senadores celebró un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en junio de 2015 para aplicarlos al Programa de Conservación, Operación y Equipamiento del Recinto, por medio del cual se convino que éstos se aplicaran en las 16 partidas específicas de gasto siguientes:

Programa de Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes, primas de vacaciones y dominical, aguinaldo o gratificación de fin de año, entre otras.

Se conoció que los recursos por mil 206 millones 928 mil pesos en el ejercicio 2015 por medio de la partida 39903, Asignaciones a los Grupos Parlamentarios, incluyen como en otros ejercicios recursos adicionales a los autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, en los que se observó lo siguiente:

Con el acuerdo del 28 de abril de 2015 se aprobaron recursos adicionales para el trabajo legislativo de los senadores por conceptos de Apoyo para el Trabajo Legislativo y de Gestión de los Senadores y Grupos Parlamentarios, Apoyo para Actualización Tecnológica y Asignación para Tareas de Gestión, para los que se asignaron, por legislador, 250 mil, 25 mil y 117 mil pesos, respectivamente, de lo que resultó un monto total ejercido de 50 millones 200 mil pesos.

Sobre el particular, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada informó que se realizaron ampliaciones líquidas a este rubro de gasto a efecto de proceder con el apoyo que se otorga a los grupos parlamentarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.

No obstante, lo anterior evidencia una falta de racionalización en el otorgamiento de recursos de carácter extraordinario, en incumplimiento del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en cuanto al criterio de racionalidad, señala el ente fiscalizador.

El registro de desaparecidos no sirve para aplicar justicia, sólo tiene uso político, acusan ONGs

Por Juan Luis García Hernández febrero 17, 2017 - 8:30 pm • 0 Comentarios
La ola de desaparecidos en México no basta para que las autoridades registren de forma adecuada los casos, advirtieron organizaciones de la sociedad civil. Los datos oficiales muestran que el Presidente Enrique Peña Nieto superó, en 4 años, el número de desapariciones registradas en los seis años de Gobierno de su antecesor, Felipe Calderón Hinojosa. Sin embargo, las estadísticas gubernamentales no han alcanzado a dimensionar la crisis que se vive en el país, advirtieron.

Mientras las desapariciones crecen, registrar este delito arrastra serias limitantes, apuntaron organizaciones.

Organizaciones de la sociedad civil han hecho hincapié en las deficiencias del Gobierno federal y entidades federativas para registrar los casos de desaparición. Una situación que imposibilita a las personas que buscan dar con el paradero de sus familiares y encontrar la justicia.

En México registrar una desaparición sólo puede hacerse mediante las autoridades del Ministerio Público y no por otras instancias. Lo que reduce el número de casos que pueden ser tomados en cuenta.

“En muchos casos la familia no confía en el Ministerio Público, y la base de datos no se alimenta de otras instancias. Por ejemplo, quejas contra la autoridad presentadas en la Comisión de Derechos Humanos”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, coordinador general de Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
El número de desapariciones aumentó de 2014 a 2015, apuntó el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) en un informe, publicado esta semana, llamado “El Registro Estadístico de la Desaparición Forzada. ¿Delito o Circunstancia”.

“En un caso hipotético, si denuncio la desaparición de mi hija y las autoridades descubren que ella fue captada por una red de trata, las autoridades la eliminarán de la base de datos de desaparecidos, aunque mi hija siga desaparecida”, dijo Francisco Rivas, director del ONC.
En 2014 hubo 429 presuntos casos de desaparición forzada, y en 2015 la cifra ascendió a 622, de acuerdo con la suma oficial de averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas que se encuentran reportadas en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015-2016. Las cifras registran un aumento en este delito del 45 por ciento en un año.

La cifra negra en estos casos es considerable, dijo Gutiérrez: “Se da por muchas causas. El temor a la denuncia, el contexto en el que suceden los hechos, la falta de conocimiento, o que presentan la denuncia y el Ministerio Público les exigen esperar 72 horas”.

La justicia en contra de cometedores de este delito no es comparable al número de casos registrados. Según el informe del ONC, en 2014 los centros penitenciarios registraron el ingreso de cuatro personas por desaparición forzada y ninguna fue sentenciada. En 2015 fueron ocho los ingresos y se realizaron dos sentencias.

Édgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), consideró que los Ministerios Públicos no tienen la suficiente independencia para investigar autoridades que cometen desapariciones.

“Dependen mucho de la directriz  política de la que hacen uso los titulares de las instituciones de  justicia”, criticó Cortez.

Fuente : Sin embargo

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