viernes, 17 de febrero de 2017

Reprueban a diputados en manejo de recursos.

Periódico La Jornada
Jueves 16 de febrero de 2017, p. 5
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reprobó el manejo presupuestario de los recursos públicos asignados a la Cámara de Diputados. En 2015 subsistió ‘‘una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas’’, que en el año citado ascendieron a mil 742 millones de pesos.

El órgano entregó ayer en San Lázaro el informe de la cuenta pública 2015, y en su contenido se descubre un cúmulo de anomalías en la administración de la Cámara de Diputados: ‘‘En términos generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia (...) no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos’’.

Los diputados dispusieron, mediante su secretaría general, de 7 mil 812 millones 850 mil pesos; no obstante, el gasto original se autorizó con 7 mil 339 millones 166 mil, lo cual implicó una ampliación presupuestaria neta por 473 millones 684 mil pesos.

Opacidad en adjudicaciones

Un ejemplo de la opacidad que impera en San Lázaro se manifiesta con la conclusión de la ASF en torno a la adjudicación directa de la que se derivó el contrato núm. DGAJ- 097/2015, del 11 de diciembre de ese año, mediante el cual se adquirió el servicio para realizar la Renovación tecnológica del sistema integral de videovigilancia y cableado estructurado, así como la entrega del equipo de seguridad al exterior y de revisión vehicular y peatonal, por un monto de 76 millones de pesos.

Esa autorización se derivó de un acuerdo del comité de administración de fecha 19 de noviembre de 2015, en el que se autorizó la adquisición por adjudicación directa como excepción a la licitación pública, en términos de los artículos 43 y 44, fracción III, de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados.

El acuerdo mencionó que se llevó a cabo un estudio de mercado con empresas que se encuentran dentro del Contrato Marco de la Secretaría de Gobernación (SG), del cual se desprendió que la empresa adjudicada ofrecía las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad y financiamiento para la cámara.

Fuente: La Jornada

Se prepara candidatura “independiente” para parar a López Obrador: Pablo Hiriart

MÉXICO, D.F. (apro).- Intelectuales y expanistas, unidos por su fobia a Andrés Manuel López Obrador, preparan una candidatura presidencial “independiente” para los comicios de 2018, informó en su columna que publica en el diario El Financiero, el periodista Pablo Hiriart.

De acuerdo con Hiriart, uno de los columnistas más críticos al dos veces candidato presidencial, “con mucha discreción y en grupos de diez, intelectuales y expolíticos se reúnen periódicamente con un objetivo concreto: preparar una candidatura presidencial independiente capaz de ganar las elecciones de 2018”.

Hiriart, director general de información política y social de El Financiero y comunicador muy cercano al expresidente Carlos Salinas de Gortari, aseguró que en “un cónclave reciente efectuado en una casa de Las Lomas de Chapultepec que tuvo como anfitrión a Diego Fernández de Cevallos se habló largamente del tema”.

Según Hiriart, estuvieron presentes, entre otros, Juan Ramón de la Fuente, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastretta, Federico Reyes Heroles y Fernando Gómez Mont.

El “jefe Diego y el exsecretario de Gobernación, Gómez Mont, “son los encargados de revisar toda la parte jurídica de la candidatura”, detalló el periodista.

En su columna titulada Uso de razón, Hiriart destaca: “La candidatura va y a sus impulsores les sobran los motivos”. Asegura que “hay establecida una ruta crítica y un método para ir ensanchando el número de personalidades que abrazan este proyecto que ya está en marcha”.

Hiriart dice más: “De lo que se trata, entre otras cosas, es de quitarle a López Obrador la estrella de la candidatura de la oposición. Arrebatarle el suéter amarillo, para decirlo en el léxico del ciclismo profesional”.

Según algunos asistentes, continúa su columna el salinista, “en este grupo hay la convicción que sólo desde una candidatura independiente se le puede ganar a López Obrador en 2018” porque “ni PAN, ni PRI ni PRD van a poder con AMLO, debido a su desgaste”.

Fuente: Proceso

Panistas piden acelerar "LEY" que permita el votó de niños y niñas de 15 años, antes de 2018.

Diputados y senadores del PAN propusieron reformar la Constitución para reducir a 15 años la edad para votar.

El diputado Santiago Taboada y el senador Roberto Gil registraron una iniciativa para que los jóvenes de esa edad también puedan ser candidatos a cargos de elección popular.

"Los jóvenes de 15 años tienen capacidades y competencias para participar activamente y para decidir el destino de la política. Los hemos dejado al margen de la política, sienten que no tienen espacios de participación y se sienten aislados", aseguró Gil.

El ex presidente del Senado recordó que, desde la discusión de la primera Constitución de la Ciudad de México, su bancada se pronunció porque la definición de la edad para tener derechos políticos quede plasmada en la Constitución federal.

Recordó que la legislación vigente ya establece que la edad para contraer relaciones laborales, aptitud para trabajar, recibir un salario y pagar impuestos es de 15 años.

"Se puede trabajar, recibir un salario, le descuentan el impuesto, pero no puede decidir a dónde se va el dinero que aporta con su esfuerzo", criticó.

"Es una propuesta para no condenar a los jóvenes a que alguien más decida su futuro. Nos parece prudente y necesario en las condiciones en que se encuentra el País y que puedan tener la posibilidad y decisión de a quién le van a dar su voto y quién los va a gobernar", agregó Taboada.

El proyecto busca adicionar el artículo 34 de la Constitución para señalar que las personas mayores de 15 años serán considerados por esta Constitución y la ley como ciudadanos para efectos del ejercicio y garantía de los derechos de votar y ser votado, petición, asociación, reunión, así como a ejercer cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público.

Fuente: www.denuncialeaks.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza avalar el uso de la fuerza pública en el estado de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza avalar el uso de la fuerza pública en el estado de México, sin importar que viole los derechos a la libertad de expresión, de manifestación y de reunión, por la indefinición de concepto que permiten la actuación de las autoridades para controlar multitudes”, así como autorizar su uso arbitrario para imponer el orden y la paz social, con la posibilidad de autorizar el empleo de armas letales de los cuerpos policiacos en manifestaciones populares.

Si las autoridades del Estado de México consideran que en una protesta los manifestantes se expresan con amenazas para intimidar, o para obligar a que se acepten sus demandas, entonces “se procederá” y se aplicará la fuerza pública.

Así lo establece la nueva Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, propuesta por el gobernador Eruviel Ávila, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y aprobada por el Congreso mexiquense el 17 de marzo pasado.

“Cuando en una asamblea o reunión, las personas se encuentren armadas o la petición o protesta ante la autoridad se exprese con amenazas para intimidar u obligar a resolver en un sentido determinado, se considerará que dicha asamblea o reunión es ilegal y se procederá”, se lee en el artículo 15 del documento.

El dictamen contó con la aprobación de los grupos parlamentarios de PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.

12 puntos clave de la ley aprobada en el Estado de México

1.- “Los elementos podrán emplear la fuerza en el control de multitudes y disturbios públicos, para restablecer el orden y la paz social, con el fin de evitar actos de violencia, daños a terceros, propiedades y la integridad física de las personas. Asimismo, respetarán el ejercicio del derecho de asociación y reunión de las personas siempre que se efectúe en los términos previstos por el artículo 9 de la Constitución”.

2.- “La determinación de hacer uso de la fuerza, en el caso de asambleas, manifestaciones o reuniones violentas e ilegales será tomada por el mando responsable del operativo, bajo su más estricta responsabilidad, debiendo informar de inmediato a su mando superior sobre tal determinación para los efectos conducentes”.

3.- Los agentes de seguridad pública solo emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en caso de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave.

4.- Los elementos, al hacer uso de la fuerza pública, solo podrán emplear armas en el ejercicio de su cargo, para lo cual deberán contar con capacitación continua y certificación periódica.

5.- Las instituciones de Seguridad Pública en la entidad deben contar con una base de datos que contenga el registro detallado de las huellas y las características que impriman a los proyectiles u ojivas, las estrías o rayado helicoidal de las armas de fuego bajo su resguardo, así como de las armas y equipo asignado a cada elemento.

6.- Otra obligación de las instituciones es “establecer ejes y acciones para evitar el trato cruel y/o degradante y la tortura relacionada con el uso de la fuerza por sus elementos”.

7.- Los elementos de seguridad no deben emplear la fuerza con personas bajo custodia o detenidas.

8.- Las instituciones de seguridad deben “considerar el uso de la fuerza y hacerlo estrictamente cuando sea necesario”. Por ello se les pide que, antes de llegar a ese punto, utilicen “medios no violentos, tales como la persuasión, la cooperación y/o advertencia, con el fin de mantener la observancia de la ley, restaurar el orden y la paz pública”.

9.- En la lista de equipo asignado a los elementos de seguridad pública, están: las esposas, candados de pulgares y cinturones plásticos, bastón PR-24 o tolete, dispositivos que generan descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, escudos, cascos, chalecos, y medios de transporte a prueba de balas.

10.- “El uso de la fuerza es el último recurso, sin embargo, podrá usarse como primera opción, siempre que se cumplan los supuestos y condiciones que establecen esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

11.- “Las instituciones de seguridad pública establecerán mecanismos eficaces para que la sociedad, a través del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, participe en la planeación y supervisión del uso de la fuerza pública”.

12.- “El gobierno del Estado y las instituciones públicas encargadas de hacer cumplir la presente Ley serán responsables de la reparación integral a las víctimas que resulten por el uso ilegal de la fuerza y de las armas de fuego”.

La ley entra en vigor 90 días hábiles después de que sea publicada en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. El poder Ejecutivo del estado tiene que expedir el Reglamento.

Fuente: LaJornada

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