miércoles, 17 de octubre de 2012

Critica Elba Esther a madres trabajadoras


La lideresa del SNTE señala que el abandono de las madres en la formación de sus hijos “convirtió a las escuelas en guarderías juveniles”.
Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el  SNTE, señaló a las madres que trabajan como las principales culpables del deterioro educativo en el país.
El abandono de la madre en la formación de los hijos, convirtió a las escuelas en guarderías juveniles, a los maestros, en solitarios responsables de la educación y vació de contenido educativo y de convivencia humana enormes cantidades del tiempo familiar”, el cual fue ocupado por el excesivo consumo de televisión y tecnología chatarra, publica el diarioReforma.
En una carta pública  titulada “La formación de valores en el México del siglo 21”, Elba Esther Gordillo dijo que la escuela está llamada a reconstruir el tejido social, para lo cual hay dos condiciones indispensables: que sea correctamente valorada y apoyada con recursos y que siga siendo laica.
La lideresa defendió así la participación del Sindicato en la educación en una carta pública. Esto, frente a las crecientes críticas contra su liderazgo lanzadas por maestros disidentes, organizaciones civiles y empresariales y especialistas.
La acusan de misógina
Tras las declaraciones de la lideresa del sindicato de maestros, especialistas, organizaciones civiles, de mujeres y feministas calificaron a la presidenta del SNTE de misógina, discriminadora y conservadora.
Elba Esther tiene una actitud absolutamente misógina porque va en contra del derecho de las mujeres a incorporarse al mercado laboral y además las señala como las únicas responsables de la educación en la casa, lo cual es falso.
“La visión de Gordillo también sorprende por conservadora y discriminadora”, expresó Malú Micher, diputada federal por el PRD y ex directora del Instituto de las Mujeres en el Distrito Federal.
La especialista en educación Blanca Heredia dijo que Gordillo no sólo yerra en el blanco al culpar a las mujeres sino que repite consignas misóginas y retardatorias, sin aportar ningún dato que apoye su “tesis”.
“Es absolutamente indignante que ahora arremeta contra las familias y, muy especialmente, contra las madres que trabajan y lo haga habiendo sido y siendo ella misma mujer que trabaja.

Dice Calderón que en su sexenio bajaron cobros excesivos de electricidad

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón reiteró que Luz y Fuerza del Centro (LFC) era un lastre para el país, y por ello –agregó– se determinó su desaparición sin importar los costos políticos.
“(Era) Una empresa que representaba un pesado lastre para la economía y para las finanzas públicas, y arrastraba gravísimas deficiencias operativas que perjudicaban prácticamente a todos los consumidores”, puntualizó
Al encabezar un acto para presentar las “acciones en beneficio de los clientes” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Ejecutivo aseguró que hoy, en el centro del país, se cuenta con una mejor infraestructura eléctrica y el registro adicional de 800 mil nuevos contratos para el consumo de energía.
En el Museo Tecnológico de la CFE, Calderón expresó que una prioridad de su gobierno fue modernizar el sector energético, por lo que los recursos destinados para obras de electricidad fueron 26% superiores a los que se canalizaron en el sexenio de Vicente Fox y tres veces más que en la administración de Ernesto Zedillo.
Luego de mencionar algunas de las obras realizadas, entre ellas las presas La Yesca y El Cajón, dijo que durante su gestión logró reducir los cobros excesivos en los recibos de electricidad.
Subrayó:
“Al inicio del sexenio, además, y quiero reiterarlo porque es un dato bien importante que vale la pena aquilatar, recibimos un sector eléctrico con dos empresas: una buena, que es la CFE, y una no tan buena, que era LFC, que representaba, hay que decirlo también con claridad, un lastre para la economía nacional, no sólo por los 50 mil millones de pesos al año que nos costaba de subsidio, arriba de las tarifas que con todo y copete y con todo exceso, y con todo y brinco le cobraban a los usuarios, sino por la ineficiencia en las contrataciones, en los apagones y todo”.
Calderón se dijo impresionado por las cifras, y aunque no detalló cuánto se ahorra después de la extinción de LFC, realizada en 2009, fue reiterativo en que la eficiencia, con la CFE al mando, mejoró en cuanto al cobro y las operaciones.
Con LFC, aseguró, un apagón tardaba hasta una hora en restablecerse en la Ciudad de México, y ahora no supera los 10 minutos.
Antes de concluir, elogió el desempeño del exdirector de la CFE, Alfredo Elías Ayub, así como del actual titular, Jaime González, y calificó a la paraestatal como una empresa de clase mundial.

Marchan miles y paralizan Morelia: exigen liberar a normalistas y renuncia de Vallejo

La megamarcha del CNTE en Morelia, Michoacan este miércoles. Foto: Enrique Castro.
MORELIA, Mich. (apro).- Con las demandas de que el gobernador Fausto Vallejo renuncie y la liberación de todos los estudiantes normalistas, miles de maestros de la Sección 18, padres de familia y alumnos de las escuelas normales se manifestaron hoy paralizando las actividades en la capital del estado.
De acuerdo con estimaciones de los organizadores, participaron 50 mil maestros de todo el estado así como estudiantes de las normales desalojadas en Tiripetío, Cherán y Arteaga, familiares de los detenidos y representantes de escuelas rurales e indígenas normalistas de otros estados del país.
Desde cuatro puntos de Morelia salieron las manifestaciones convocadas por la Sección 18 de maestros disidentes, cuya sede fue violentada el lunes por policías del estado que entraron para detener al líder Juan José Madrigal, liberado horas más tarde ese mismo día.
El dirigente magisterial propuso, y se aprobó por unanimidad, mantener por tiempo indefinido un paro de labores y un plantón frente al Palacio de Gobierno.
Desde la madrugada de hoy y en el transcurso del día fueron liberados 117 estudiantes detenidos el lunes tras el operativo de policías estatales y federales efectuado el lunes pasado para desalojar a alumnos de las normales rurales de Tiripetío, Cherán y Arteaga.
Horas antes de que se realizara la megamarcha, el gobierno del estado puso en libertad bajo las reservas de ley a 44 hombres y 22 mujeres, estudiantes de las tres normales desalojadas.
Posteriormente dejaron libres a otros 41 estudiantes bajo las reservas de ley, porque no aparecen en los videos, fotografías y en las documentales de responsabilidad, además de que no mostraron resistencia durante el operativo.
Quedan aún ante el Ministerio Público una decena normalistas que fueron puestos a disposición por la Policía Federal.
En el mitin realizado frente a Palacio de Gobierno, un representante de los estudiantes denunció que las policías estatal y federal saquearon archivos y objetos personales de los estudiantes de la normal de Tiripetío.
Dicha escuela, ubicada a media hora de Morelia, quedó destrozada y algunas de las aulas quemadas por los mismos policías, denunciaron los alumnos quienes informaron que la propia población recuperó las instalaciones el lunes por la tarde.
La megamarcha del CNTE en Morelia, Michoacan este miércoles. 
Foto: Enrique Castro.Reiteraron que fue la propia Policía la que incendió algunos autobuses para culpar a los estudiantes. Reconocieron que ellos quemaron algunas unidades intentando vanamente detener el avance de los uniformados que persiguieron a los jóvenes en algunas casas y en los cerros a donde huyeron.
Los estudiantes de las ocho escuelas normales campesinas e indígenas manifestaron que seguirán las movilizaciones hasta que se libere a todos los detenidos.
También en rechazo a la reforma curricular del plan de estudios de las normales argumentando que mientras quieren imponer nuevas materias como inglés y computación, no toman en cuenta las necesidades culturales, sociales y económicas de las comunidades indígenas y campesinas de Michoacán.
Bajo la consigna de “lo quiera o no lo quiera, Fausto va pa’ fuera”, los maestros de la Sección 18 de Michoacán, apoyados por maestros de Guanajuato, Oaxaca y Distrito, Hidalgo, expresaron su repudio al gobernador del PRI.
El líder de la Sección 18, Juan José Madrigal, hizo un recuento de las acciones de represión del gobernador Fausto en Cherán en las casas del estudiante, las escuelas de telebachillerato y en la comunidad de Nueva Jerusalén.
Propuso un paro de labores y plantón indefinido frente al Palacio de Gobierno; los miles de manifestantes apoyaron con el puño en lo alto.
Algunos de ellos manifestaron que mantendrán estas acciones hasta la renuncia del gobernador Fausto Vallejo.

Policías incendiaron vehículos durante enfrentamientos en Michoacán


El fotógrafo de la agencia 'Cuartoscuro', Alan Ortega, afirmó que oficiales atacaron e intentaron incendiar su automóvil.

                                    El fotógrafo de la agencia Cuartoscuro, Alan Ortega, denunció que policías estatales y federales golpearon e incendiaron automóviles en Cherán, luego de realizar un operativo para liberar la escuela normal ubicada en ese municipio.
El fotoperiodista contó y documentó que su propio automóvil fue golpeado y estuvo a punto de formar parte de los vehículos incendiados en el lugar, hecho del cual se había hecho responsable a los normalistas.
Ortega indicó que, ante los daños que sufrió su vehículo, presentará una denuncia conjunta con los dueños de otros carros que fueron incendiados y eran propiedad de algunos comuneros del lugar.
Aseveró que tiene algunas imágenes de los policías que participaron en el operativo, las cuales formarán parte de la denuncia que integrará la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien se encuentra documentando lo sucedido.
El Consejo Mayor de Cherán denuciará por lo menos otros 4 autos incendiados por los elementos policiacos.

Liberan a 24 normalistas en Michoacán; quedan 74 detenidos


De los 176 detenidos detenidos el lunes pasado, 102 se encuentran libres, luego de deslindarse su responsabilidad en el robo y quema de vehículos.
Cerca de 200 estudiantes resultaron detenidos en un operativo realizado el lunes pasado por fuerzas federales y estatales en Michoacán. (Foto: Alan Ortega/Cuartoscuro)
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, liberó a 24 normalistas que fueron detenidos en los operativos realizados en las escuelas de Cherán, Arteaga y Tiripetío, el pasado lunes.
Se trata de 21 hombres y tres mujeres que, de acuerdo con las investigaciones, no participaronni en el secuestro ni en la quema de vehículos.
Con esto suman 102 los jóvenes liberados y sólo quedan detenidos 74, cuyo estatus legal se definirá durante las próximas horas al vencerse el plazo legal a la medianoche de este miércoles.
Decenas de estudiantes se reunieron en las cercanías de la procuraduría estatal, en donde mantienen la presión por la libertad de la totalidad de sus compañeros.
Con esa misma consigna se mantienen normalistas bloqueando la salida a Pátzcuaro y parte de la calzada La Huerta.
El secretario de Gobierno, Jesús Reyna, aseguró que las liberaciones registradas hasta el momento son parte de los expedientes abiertos por las autoridades y no resultado de negociaciones. Dijo que en los hechos se sigue el cauce legal y afirmó que existen condiciones para que se puedan dar algunas consignaciones.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación advirtió que mantendrá un plantón permanente en el centro de Morelia, además de un paro de labores, hasta que se dé la liberación de todos los normalistas.



La guerra antinarco, el gran fracaso de Calderón


El Ejército en las calles 
El Ejército en las calles Foto: Eduardo MirandaFoto: Eduardo Miranda
Rubén Aguilar y Jorge Castañeda formaron parte de la nómina del gobierno federal panista, uno como vocero de Vicente Fox y otro como el primer canciller de su sexenio. Después, durante el gobierno de Felipe Calderón, se convirtieron en críticos de las políticas públicas, en particular de la guerra emprendida por el todavía Presidente contra el narcotráfico, primero en su libro El Narco: la guerra fallida (2009) y en estos días con su nuevo volumen, Los saldos del narco. En este último, un adelanto del cual ofrecemos con autorización del sello Punto de Lectura, de la editorial Santillana, los autores apoyan con nuevos datos y con información actualizada su tesis: la guerra contra el narco no tuvo ningún sustento y resultó un fracaso, Calderón la emprendió para legitimarse y la debacle electoral del PAN tuvo su origen en la desaprobación mayoritaria a su política en materia de seguridad.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace cuatro años escribimos El narco: La guerra fallida (2009). En él mostramos, a partir de los datos ofrecidos por el gobierno y los organismos internacionales, que los argumentos utilizados por el presidente Felipe Calderón para justificar la guerra en contra del narcotráfico no se sostenían. Planteamos que la razón fundamental para iniciar su cruzada fue política; se propuso lograr la legitimación, supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de las batallas en las calles y las carreteras.
Este nuevo texto analiza el saldo de la guerra de estos seis años y propone los caminos para enfrentar, en el marco de una estrategia distinta, el problema del narcotráfico. Se presenta también una revisión y puesta al día (hasta agosto de 2012) de las cifras y estadísticas relacionadas con el consumo de las drogas, el incremento de la violencia, los asesinatos, la violación de los derechos humanos y la percepción de la ciudadanía sobre la estrategia implementada por el gobierno.
El presidente Calderón decretó la guerra al narcotráfico a través de una cadena nacional de televisión el 11 de diciembre de 2006, tan sólo 11 días después de asumir el cargo. Su estrategia contradecía la tendencia mundial que propone abandonar el enfoque punitivo y prohibicionista para enfocar el problema desde el ámbito de la salud pública. Hoy, seis años después, cada vez son más los políticos y especialistas que piensan que la estrategia de la guerra es un fracaso, que no se puede ganar y los costos de librarla son descomunales.
Debió ser evidente para el presidente y sus colaboradores que los países consumidores, de manera particular nuestro vecino del norte, no se han planteado la necesidad de una guerra como la que él propuso, y no están dispuestos, bajo ningún precio, a emprenderla. Son conscientes de que los costos y daños de la misma son muy superiores a sus posibles beneficios. A pesar de ello, y de que en México el consumo de drogas era muy bajo, de que se vivía la menor violencia de la historia del país y la menor penetración del narco en las instituciones del gobierno, Calderón optó, sin necesidad y fundamento, por la guerra y anunció que de esta forma lograría terminar con los cárteles, la violencia y el consumo de las drogas.
Al concluir su sexenio, no ha ocurrido nada de lo prometido; los problemas permanecen tal cual o se agravan, y surgen otros de carácter colateral, incluso mayores que los que se pretendía resolver. Como lo anunciamos en El narco: la guerra fallida, la guerra resultó un fracaso. (…)
(…)
Cuando Calderón asumió la presidencia, las estadísticas nacionales e internacionales señalaban que el país vivía la menor violencia de su historia (sólo ocho homicidios por 100 mil habitantes); después de la guerra, este nivel se incrementó. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2007 hubo 8 mil 867 homicidios y, en 2011, 27 mil 199. Así, el número de homicidios dolosos por 100 mil habitantes pasó de 8.5 en 2007 a 24 en 2011, creció más de tres veces. La media mundial es de 8.8 homicidios por 100 mil habitantes y México estuvo por debajo entre 2005 y 2007. El total de los homicidios en los primeros cinco años de gobierno llegó a 95 mil 659, pero si a éstos se suman los que tendrán lugar en 2012 (es previsible una cantidad semejante a la de 2011) el total ascendería a 122 mil 858. Obviamente, no debe confundirse esta cifra con la de ejecuciones vinculadas de forma directa con el crimen organizado.
(…)
El presidente se comprometió a bajar los niveles de consumo de las drogas a pesar de que esto no era un problema entonces y tampoco lo es ahora. Él conocía los datos –son de dominio público– que señalan a México como un país de bajo nivel de consumo. Las estadísticas nacionales e internacionales aseguran que seis años después así se mantiene. Un dato sitúa con precisión esta realidad: los estadunidenses que alguna vez en su vida han probado alguna droga ilícita (incidencia) constituyen 42% de la población; de los mexicanos sólo era 5.5% en 2010, cuando la media mundial es de 7.8%. Para ubicar el problema, baste decir que la incidencia de México en 2002 era de 4.6%; en ocho años aumentó únicamente en 1.1%.
El consumo de algún tipo de droga ilícita en el último año (prevalencia) en México es de sólo 1.5%, contra 4.2% de la media mundial. Aquí la distancia con otros países es todavía mayor. Lo mismo sucede con los niveles de adicción, que se mantienen muy bajos, como lo reporta la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA), muy inferiores si se comparan con los de Estados Unidos, Europa y los países de América Latina. Las adicciones en México rondan el 0.6%, mientras que en Estados Unidos es de 3.0%. Una diferencia de 250%.
Ni la estrategia presidencial ni los 69 mil muertos aportaron nada en relación con la disminución del consumo, que se mantuvo muy bajo y con aumentos marginales y muy inferiores a lo que ocurre en el resto del mundo. La pregunta que vale para México es: ¿por qué no se consumen drogas? Es aquí donde faltan buenas explicaciones. A los narcotraficantes, contra el discurso oficial, no les interesa malbaratar su producto en México, que ofrece un mercado muy restringido. Su negocio sigue y seguirá siendo vender la droga en Estados Unidos. La mejor prueba de ello yace en la aparente paradoja del Distrito Federal. En el mayor mercado potencial de drogas del país, por dimensiones y nivel de vida, no aparece el narco: ni colgados, ni decapitados, ni derecho de piso, ni retenes, ni ejército en la calle.
(…)
El total de la producción de drogas en México vale alrededor de 8 mil millones de dólares anuales, según el gobierno del presidente Calderón, una tercera parte del monto de las remesas. Esto representa entre 0.7 y 0.8% del Producto Interno Bruto (PIB), que asciende a un billón 400 mil millones de dólares. Es una cantidad muy menor para el tamaño de la economía mexicana, pero sobre todo para haber desatado una guerra que ha costado 69 mil muertos. No existe ningún indicador de que, como resultado de ésta, se haya reducido la producción de mariguana, heroína y anfetaminas. Los datos de los gobiernos de México y Estados Unidos indican exactamente lo contrario.
De no haberse desatado la guerra, la producción (mariguana, heroína y metanfetaminas) para el mercado de Estados Unidos se hubiera mantenido básicamente igual. Pues es la ley de la oferta y la demanda la que incentiva o deprime la producción. Si los estadunidenses ahora consumen más mariguana –son prácticamente autosuficientes–, metanfetaminas y heroína, habrá productores que se arriesguen, en razón de los altos precios que pagan los consumidores, para satisfacer su demanda. Un estudio financiado por The National Institute on Drug Abuse (NIDA) señala que alrededor de 40% de los estudiantes de secundaria admite haber consumido alguna droga ilícita en el último año (prevalencia), frente a 30% de hace dos décadas. La investigación también sostiene que sólo 29% de los estadunidenses piensa que el consumo de drogas es un problema extremadamente grave o muy grave, el porcentaje más bajo en los últimos 10 años. Las drogas dejaron de ser un problema relevante para esta sociedad cuando, a partir de los noventa, logró aislar el consumo de hechos violentos. Es evidente que, más allá de los discursos, existe una permisividad creciente de la población y las autoridades estadunidenses al consumo de las drogas.
La “afición” a la cocaína se ha reducido en Estados Unidos, pero no a consecuencia de la guerra, sino a raíz de cambios culturales y de hábitos en los consumidores. Hoy Europa y Estados Unidos consumen la misma cantidad de coca, un poco más de 300 toneladas anuales cada uno, que aún es demasiado. Ese mercado representa 50% del total global. La demanda estadunidense continúa siendo muy poderosa y los precios muy elevados. Eso provoca, con o sin guerra, que siempre exista quien se arriesgue para llevarla a ese mercado, de suyo tolerante. Si un día se acaba la demanda, cosa que no va a suceder, se termina el trasiego. Mientras, con o sin guerra, continuará. La responsabilidad no es del gobierno mexicano, sino de los consumidores y las autoridades estadunidenses.
(…)
Si el presidente Calderón pensó que la estrategia de guerra le iba a legitimar y generar simpatía personal a él, a su gobierno y a su partido, no fue el caso. El Partido Acción Nacional (PAN), el partido del presidente, sufrió una derrota desastrosa en la pasada elección en la que fue desplazado hasta la tercera posición. Este resultado se asocia en buena medida al rechazo de la ciudadanía a la guerra. La mayoría de los ciudadanos ha terminado por oponerse a la estrategia y asumir que los narcotraficantes ya ganaron la partida emprendida por el gobierno. Hay también acuerdo mayoritario en señalar que el próximo gobierno debe de cambiar la estrategia.
¿Qué hubiera pasado si el presidente no hubiera optado por la “guerra” con el propósito de legitimarse después del resultado electoral de 2006? De acuerdo con el fracaso de la guerra y sus saldos negativos, se podría responder que cualquier otra estrategia le hubiera resultado mejor; incluso es posible especular que, sin la carga negativa de la guerra, podría terminar su mandato mejor evaluado y su partido podría haber tenido mejores posibilidades en la disputa por la Presidencia.
(…)
La sociedad piensa mayoritariamente que la guerra ha sido un fracaso y también que se perdió. Cuando Calderón la decretó, el país vivía la menor violencia de su historia y no había problemas con el consumo de drogas. Como lo planteamos en la introducción de El narco: La guerra fallida, “la razón primordial de ofensiva de diciembre de 2006 fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados”.
Los resultados muestran que la estrategia no funcionó y sí metió al país en una espiral de violencia que nunca debió haber ocurrido, que ha costado la vida a 69 mil mexicanos que no tenían porqué morir y la imagen de México en el exterior se ha deteriorado. Si el presidente Calderón al inicio de su sexenio pensó que su estrategia lo fortalecería y permitiría a su partido ganar las elecciones del 2012, fracasó. La sociedad juzgó y decidió que sea otro partido el que se haga cargo de poner fin a la violencia.
(…)
La guerra que la presente administración decidió dar contra el narcotráfico no se puede justificar por un mayor consumo (el cual es inexistente), ni por la presión del narcomenudeo. Según las encuestas oficiales, más de 60% de los jóvenes en general y 50% de las jóvenes usaron drogas por primera vez porque se las regaló un amigo; a cerca de 20% de los hombres y a 40% de las mujeres se las dio un familiar; a 6% y 4%, respectivamente, un compañero de la escuela; y solamente 5% de los hombres, y ninguna mujer, dijo que las obtuvo de un vendedor.
Habrá, pues, que buscar las verdaderas razones de la “guerra” del gobierno contra el crimen organizado en otra parte. No existen elementos para fundarla en el consumo y la venta que se hace a los niños o a los jóvenes. Según los datos del propio gobierno, esto no ocurría, y no hay indicios de que vaya a suceder, por lo menos en los próximos años. Los números aquí reseñados, a partir de información oficial y de organismos internacionales, procuran ubicar en su justa dimensión el tamaño del problema; no desdeñan el drama personal y familiar que supone que un joven corra el riesgo de destruir su vida probando drogas; tampoco ignoran la necesidad de que el gobierno trabaje en campañas de prevención y atención de las personas, adultos y jóvenes, presas de las drogas. Simplemente aclaran las cosas.
(…)
A lo largo de estas páginas, hemos visto cómo las principales justificaciones para la guerra del narco no se sostienen, el consumo de estupefacientes en México o bien no aumenta, o bien lo hace a partir de una base tan pequeña que los incrementos absolutos resultan insignificantes, por más que los relativos parezcan alarmantes. A propósito de la violencia, del contubernio con el crimen organizado, de la extraterritorialidad y la corrupción de las esferas políticas, policiacas y militares, tratamos de demostrar que estas situaciones no son nuevas, permanentes, ni son más graves que antes, sin que ello justifique los hechos actuales o implique una postura de brazos caídos. Ésta es la tierra de Toledo Corro, de Arévalo Gardóqui y El Búfalo, de Gutiérrez Rebollo y Mario Villanueva, y de muchos, muchos más. No nos leamos las cartas entre gitanos.
Sobre la sabiduría convencional relativa a Estados Unidos, es decir, la creencia de que el origen del mal mexicano yace en la demanda y las armas estadunidenses, buscamos explicar que en parte se trata de medias verdades, en parte de sueños guajiros. La importación de armas a México desde el norte no es una explicación, ni mucho menos una causa, de la violencia en nuestro país. Las armas provienen de todas partes, y países sin frontera con Estados Unidos padecen niveles de violencia muy superiores a los que rigen en México, niveles que en los últimos dos decenios y hasta 2007 habían descendido notablemente, de acuerdo con las cifras del propio gobierno. La disponibilidad de armas en el mundo, y en Estados Unidos, es una constante, no una variable. Tal vez el poder de fuego de dichas armas haya aumentado en tiempos recientes, pero no son nuevas la Segunda Enmienda a la constitución norteamericana, que garantiza el derecho a portar armas, ni la fuerza cabildera de la Asociación Nacional del Rifle, ni es posible el regreso al status quo antes de 1994, cuando no existía el Assault Weapons Ban.
No ha caído, ni existe razón alguna para creer que caiga, la demanda estadunidense de sustancias ilícitas, que se ha mantenido estable durante casi medio siglo, a pesar del número incalculable de lamentos mexicanos de que la culpa la tienen los “pinches gringos mariguanos”, ni a pesar del número igualmente incalculable de exigencias mexicanas para que los estadunidenses reconozcan su “responsabilidad” –algo que siempre han hecho, sin consecuencia alguna–. De allí no sólo el carácter inviable de exigir una reducción de la demanda, sino el rechazo al carácter deseable de dicha aspiración por parte de los sectores más progresistas, y cada vez más numerosos, de la sociedad estadunidense. A las preguntas obvias (¿A poco el gobierno no sabía todo esto? ¿Entonces, por qué procedió como lo hizo?) respondimos desde el principio: por motivos políticos, producto directo de la supuesta necesidad de legitimarse, al término de un proceso electoral cuestionado por los perdedores.
Fuente: Proceso http://ht.ly/eyZ1P

Negocios gallegos con PEMEX


































Fuente: Proceso http://ht.ly/eyZ1P

Aguayo pide a CIDH evitar destrucción de las boletas de 2006

Foto de archivo de las boletas usadas en la elección presidencial de 2006.Foto de archivo de las boletas usadas en la elección presidencial de 2006. (Cuartoscuro) El académico Sergio Aguayo pidió la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que sean destruidas las boletas de la elección presidencial de 2006.
El profesor-investigador de El Colegio de México argumenta que aún está en proceso su litigio para poder acceder a los documentos, e invoca su derecho a la información para consultarlos.
Aguayo solicitó a la CIDH -dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y encabezada por el mexicano Emilio Álvarez Icaza- emitir medidas cautelares en contra del procedimiento para destruir las boletas, cuyo plazo está previsto a más tardar para el próximo 3 de diciembre.
El Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el pasado 3 de octubredestruir la papelería utilizada en los comicios de 2006, en los que Felipe Calderón ganó por un margen por 0.56%, esto es alrededor de 250,000 sufragios más que Andrés Manuel López Obrador, quien pidió un recuento voto por voto y desconoció el cómputo oficial.
El académico solicitó al IFE acceso a la documentación, pero el órgano se lo negó por lo que interpuso una demanda de amparo que también fue rechazada, debido a lo cual Aguayo presentó ante la CIDH la petición P-219-10, misma que está pendiente de resolución.
La CIDH ya otorgó en julio de 2008 medidas cautelares para que se suspendiera la destrucción del material, pero en noviembre de 2011 levantó las mismas, como parte del litigio que mantiene el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, para tener acceso a las boletas.
El IFE conserva desde 2008 los paquetes electorales de 2006 en 32 bodegas resguardadas por el Ejército y la Armada; según el órgano electoral, esto ha tenido un costo de más de 550 millones de pesos, con un gasto de más de 12 millones cada año tan sólo en la renta de las bodegas.
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) ordena la destrucción del material electoral una vez finalizado el proceso.
¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE SERGIO AGUAYO?
A continuación te presentamos íntegra la solicitud de Sergio Aguayo para que se suspenda el proceso de destrucción de las boletas electorales usadas en los comicios presidenciales de 2006.

México, D.F., a 16 de octubre de 2012
 Asunto: P-219-10 Sergio Aguayo Quezada vs. México. Se solicita la adopción de medidas cautelares.
SECRETARIO EJECUTIVO
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
1889 F ST. N.W., WASHINGTON, D.C. 20006
P r e s e n t e.
 GRACIELA RODRÍGUEZ MANZO, codirectora de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, A. C. (en adelante “Litiga OLE”), me dirijo a usted respetuosamente con el objeto de solicitar a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”), la adopción de medidas cautelares para evitar un daño irreparable al derecho de acceso a la información de SERGIO AGUAYO QUEZADA, previsto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”, “Convención” o “CADH”). Lo anterior, con fundamento en los artículos 41 (b) de la Convención y 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana (en adelante “RCIDH”).
 El artículo 41 (b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reza:
 “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones:
 […]
 b. formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos…”
 Por su parte, el artículo 25 del Reglamento de la CIDH establece lo siguiente:
 1. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente.
 2. En situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares a fin de prevenir daños irreparables a personas que se encuentren bajo la jurisdicción de éste, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente.
 3. Las medidas a las que se refieren los incisos 1 y 2 anteriores podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables.
 4. La Comisión considerará la gravedad y urgencia de la situación, su contexto, y la inminencia del daño en cuestión al decidir sobre si corresponde solicitar a un Estado la adopción de medidas cautelares. La Comisión también tendrá en cuenta:
 a. si se ha denunciado la situación de riesgo ante las autoridades pertinentes o los motivos por los cuales no hubiera podido hacerse;
 b. la identificación individual de los potenciales beneficiarios de las medidas cautelares o la determinación del grupo al que pertenecen; y
 c. la expresa conformidad de los potenciales beneficiarios cuando la solicitud sea presentada a la Comisión por un tercero, salvo en situaciones en las que la ausencia de consentimiento se encuentre justificada.
 5. Antes de solicitar medidas cautelares, la Comisión requerirá al Estado involucrado información relevante, a menos que la urgencia de la situación justifique el otorgamiento inmediato de las medidas.
 6. La Comisión evaluará con periodicidad la pertinencia de mantener la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.
 7. En cualquier momento, el Estado podrá presentar una petición debidamente fundada a fin de que la Comisión deje sin efecto la solicitud de adopción de medidas cautelares. La Comisión solicitará observaciones a los beneficiarios o sus representantes antes de decidir sobre la petición del Estado. La presentación de dicha petición no suspenderá la vigencia de las medidas cautelares otorgadas.
 8. La Comisión podrá requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares. El incumplimiento sustancial de los beneficiarios o sus representantes con estos requerimientos, podrá ser considerado como causal para que la Comisión deje sin efecto la solicitud al Estado de adoptar medidas cautelares. Respecto de medidas cautelares de naturaleza colectiva, la Comisión podrá establecer otros mecanismos apropiados para su seguimiento y revisión periódica.
 9. El otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirá prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.”
 I.  Antecedentes
 Como se hizo del conocimiento de esa CIDH, a través de la petición citada al rubro, el Comité de Información del Instituto Federal Electoral (en adelante “IFE”) confirmó, mediante oficio del 24 de agosto de 2007, la negativa de dar a SERGIO AGUAYO QUEZADA acceso a “las boletas sobrantes, inutilizadas, así como las boletas en las que quedaron plasmados los votos válidos y nulos en todas las casillas instaladas durante la jornada del dos de julio de 2006 en todo el país, incluidas las instaladas en el extranjero, para la elección de Presidente de la República” y “copia certificada de las boletas sobrantes, inutilizadas, así como las boletas en las que quedaron plasmados los votos válidos y nulos en la casilla en que emití mi voto instalada durante el día dos de julio de 2006, para la elección presidencial, ubicada en el estado 09, municipio 008, localidad 0001, sección 2999”, que solicitó por ser tal documentación “indispensable para completar una investigación académica sobre nuestro régimen democrático”.
 Contra esa negativa, el 9 de octubre de 2007, SERGIO AGUAYO QUEZADA interpuso demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a fin de impugnar tanto dicha negativa de acceso a la información como la disposición legal que preveía la destrucción de la misma. Proceso que culminó el 18 de agosto de 2009, cuando el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó con su fallo definitivo, la negativa de acceder a tal información, bajo el argumento de que el juicio de amparo no era procedente en materia electoral. Situación frente a la cual se inició ante esa CIDH la presente petición P-219-10.
 II.  Cuestiones previas de inadmisibilidad
 Hasta esta fecha no es de nuestro conocimiento que se haya avanzado algún trámite respecto de la petición P-219-10, se haya ordenado su archivo o emitido informe de inadmisibilidad con relación a ella. Sin embargo, ante la posibilidad de que se pudiera alegar la actualización del supuesto previsto en el artículo 47 d) de la Convención Americana, relacionando el presente asunto con lo resuelto en el informe de inadmisibilidad 165/11 recaído a la petición 492-08, se estima oportuno descartar tal tentación bajo las razones siguientes:
 1.- Como todo mecanismo de acceso a la justicia, el procedimiento seguido ante esa Comisión Interamericana bajo el sistema de peticiones que contienen denuncias de violación de derechos humanos debe tener por regla la admisibilidad de las mismas y como su excepción, la inadmisibilidad. Ello de menos dado que ese mismo estándar prevalece al interior del ordenamiento del Estado Mexicano con relación a otro mecanismo de garantía de los derechos humanos como lo es el juicio de amparo, en el que su procedencia es la regla.
 2.- Al ser la inadmisibilidad de las peticiones presentadas ante esa Comisión Interamericana un caso de excepción, los supuestos para declararla tienen que estar expresamente previstos en la CADH e interpretarse restrictivamente. De lo anterior se sigue que cada causal de inadmisibilidad debe aplicarse de la forma que más extienda la salvaguarda de los derechos humanos de las personas, favoreciendo en todo momento la admisibilidad de sus peticiones. Ello de menos dado que ese mismo estándar prevalece al interior del ordenamiento del Estado Mexicano, en el que en el segundo párrafo del artículo primero de su Constitución Política incorpora el principio pro persona.
 3.- Bajo ese marco, el supuesto para declarar inadmisible una petición previsto en el artículo 47 d) de la CADH debe interpretarse de la forma más restringida posible, en aras de favorecer la admisibilidad de las peticiones y con ella, el acceso a la justicia interamericana de las víctimas de violaciones de derechos.
 4.- Así, al menos caben dos lecturas del supuesto previsto en el artículo 47 d) de la Convención Americana: una, se declarará inadmisible sin más toda petición presentada ante la Comisión Interamericana cuando sea sustancialmente la reproducción de una petición anterior ya examinada por ella, o bien, dos, se declarará inadmisible toda petición presentada ante la CIDH cuando sea sustancialmente la reproducción de una petición anterior ya examinada por ella, siempre que la víctima del caso sea una misma persona.
 5.- Se entiende por supuesto que ante la inmensa carga de trabajo que enfrenta la Comisión Interamericana, se haya estipulado como un valor a considerar y proteger, que no invierta el tiempo de su personal en el estudio de peticiones sobre las cuales ya se hubiere pronunciado, evitando con ello que las personas recurran ante esta instancia una y otra vez hasta el infinito. Valor que sin duda ha quedado salvaguardado en el artículo 47 d) de la Convención.
 6.- Asimismo, resulta innegable que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que descansa en las peticiones se ha construido con vocación de trascender los casos individuales, en tanto que una vez que se ha considerado por la Comisión y en su momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “Corte Interamericana” o “COIDH”) que una situación acontecida en uno de los Estados Parte de la Convención Americana y demás tratados pertinentes acarrea una violación de tales derechos, es debido otorgar al precedente resultante un carácter general que actualiza por  lo menos el deber de todos esos Estados de prevenir las mismas violaciones.
 7.- Pues bien, con la segunda interpretación posible de adoptarse respecto del artículo 47 d) de la Convención Americana, enunciada en el punto 4 anterior, ambos valores quedan a salvo, dado que nunca podrá considerarse sustancialmente la misma petición aquella que involucre diferentes víctimas, ni será una pérdida de tiempo que la Comisión Interamericana invierta sus esfuerzos en considerar las violaciones de derechos humanos de personas distintas, aunque deriven de los mismos actos de un Estado Parte de la CADH.
 8.- En cambio, uno de los valores primordiales que resguarda el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como lo es el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones de tales derechos, sí quedaría comprometido al máximo si se adopta la primera interpretación esbozada en el punto 4 anterior respecto del artículo 47 d) de la Convención Americana, en tanto que a todas las víctimas distintas a la que primero presentaron una petición, se les negaría siquiera la posibilidad de que su caso sea atendido por la CIDH, se les negaría el derecho a ser escuchadas ante ella, y aunque el caso de las primeras víctimas concluyera con una sentencia de la Corte Interamericana, a esas otras víctimas no se les podrían reparar sus violaciones.
 9.- En todo caso, para evitar una situación tan grave como la descrita, la Comisión Interamericana tiene la posibilidad de ordenar la acumulación de las peticiones que se le presenten y que pudiera considerar sustancialmente vinculadas, incidente que no aconteció entre las peticiones 492-08 y 219-10.
 10.- En definitiva, considerado el razonamiento expuesto, de ninguna forma es posible tener a la presente petición como una que sustancialmente reproduzca la petición P-492-08 descartada en su momento por la Comisión en su informe de inadmisibilidad 165/11, pues proceder de ese modo implicaría que a SERGIO AGUAYO QUEZADA se le prive de ser escuchado ante esa instancia. Conclusión que no puede variar por lo dispuesto en el artículo 33 del RCIDH.
 En cambio, si existiera la tentación de reproducir lo resuelto por la Comisión Interamericana en su informe de inadmisibilidad 165/11, pero ahora para la presente petición –sin que se repare en que su composición es diferente a la de hace un año dado el relevo de sus integrantes–, teniendo por actualizado el supuesto previsto en el artículo 47 b) de la CADH, ello tendría que descartarse a partir de las siguientes razones que evidencian lo equivocado de tal informe:
 1.- En aquella ocasión, la CIDH empleó como único sustento de su determinación lo sintetizado en el párrafo 44 de su informe de inadmisibilidad 165/11, distinguiendo que el acceso a la información en determinadas oportunidades comprende tanto el acceso al dato procesado como el acceso a la información en bruto que lo sustenta, pero afirmando que en aquel caso bajo estudio el acceso a las actas electorales pudiera al menos haber satisfecho la necesidad de la víctima de esa petición de cara a su derecho a la información, sin actualizar el riesgo de una posible contaminación de la información en bruto, a la vez que no se aportaron elementos para demostrar las razones por las que el acceso a la información procesada le resultaba insuficiente o inútil.
 2.- Frente a esa forma de razonar empleada en aquel momento por la CIDH debe quedar claro, de entrada, que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos requiere tener por regla de oro lo previsto en el artículo 29 de la Convención Americana, esto es, que nunca pueden servir de pretexto las disposiciones del marco normativo interamericano, ni su interpretación, para disminuir el mínimo que impera al interior de los ordenamientos de los Estados.
 3.- En específico, lo dispuesto en el artículo 29 de la CADH es consistente con lo previsto en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo concerniente al principio pro persona:
 “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”
 4.- A mayor concreción, el artículo 29 b) de la Convención Americana no deja lugar a dudas en el sentido de que el marco interamericano no puede emplearse para limitar los derechos humanos reconocidos al interior de los ordenamientos jurídicos de los Estados Parte, incluida su Constitución Política.
 5.- Con eso claro, resultó injustificable que la Comisión Interamericana no se percatara en el momento en que emitió su informe de inadmisibilidad 165/11 del contenido del artículo sexto de la Constitución Política del Estado Mexicano:
 “Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
 Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
 I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
 II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
 III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
 IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciaran ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
 V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
 VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
 VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.”
 6.- Como sea que haya sido en aquella ocasión, en la presente petición resulta impensable que a la luz del artículo 29 b) de la CADH se excluya el diálogo normativo que debe imperar entre el Sistema Interamericano y el ordenamiento de origen interno de México, empezando por su artículo sexto constitucional.
 7.- Bajo este enfoque, en la presente petición no pueden emplearse como motivos para descartar, siquiera en una índoleprima facie, las violaciones alegadas no solamente al artículo 13 de la Convención Americana sino a su artículo 25 –respecto de las cuales ni siquiera se ha razonado–,aquellos utilizados en el informe de inadmisibilidad 165/11 por parte de esa Comisión.
 8.- Primero, porque la distinción entre información procesada e información en bruto no tiene trascendencia alguna de cara al referido artículo sexto constitucional, segundo párrafo, fracción I, en tanto que la regla general es que toda información en posesión de cualquier autoridad se considere pública, sin reparar en si es información concerniente a datos procesados o a datos brutos.
 9.- Segundo, porque no puede exigirse a la víctima de esta petición aportar elementos para demostrar las razones por las que el acceso a la información procesada en las actas electorales le resultaba insuficiente o inservible, a menos que se ignore que el artículo sexto constitucional, segundo párrafo, fracción III, reconoce claramente como una base del derecho de acceso a la información que no existe necesidad de acreditar interés alguno o de justificar la utilización que se dará a la información pública para la cual se pide acceso.
 10.- Tercero, porque precisamente por esa misma razón, no cabe especular si el acceso a las actas electorales satisface o pudiera satisfacer la necesidad de SERGIO AGUAYO QUEZADA frente a su derecho de acceso a la información.
 11.- Y por último, porque si de verdad existiera un riesgo de posible contaminación de la información en bruto en el presente caso, antes que emplear tal supuesto peligro como causa para negarse a discutir siquiera de las violaciones alegadas, en todo caso lo que procedería como una medida adecuada y necesaria llegado el momento de que se permitiera el acceso a esa información, una vez admitida esta petición y resuelto el fondo, sería cuidar que tal contaminación no se presentara, pero no por ello negarse a caracterizar como violaciones prima facie del derecho en juego, inclusive su destrucción, la cual evidentemente resulta más dañina que la temida y futura contaminación.
 12.- Todo lo cual finalmente conduce a poner de manifiesto que si en el artículo sexto constitucional, segundo párrafo, fracción V, también se reconoce como una base del derecho de acceso a la información el deber de preservar la documentación en posesión de las autoridades, sin importar nuevamente si se trata de datos brutos o procesados, no es posible que la denuncia que se contiene en esta petición alegando como violación al artículo 13 de la CADH la destrucción de esa información, no pueda ser siquiera considerada en una índole prima facie, como un hecho que caracteriza una violación a tal derecho.
 III.  Justificación de la medida cautelar solicitada
 El pasado 3 de octubre, el IFE aprobó un acuerdo por el que se autoriza la destrucción de los votos válidos y el sobre que los contiene, los votos nulos y el sobre que los contiene, así como las boletas sobrantes de cada casilla y el sobre que las contiene correspondientes al proceso electoral federal 2005-2006, entre otros documentos, que constituyen justamente la información a la que se solicitó inicialmente acceso por parte de SERGIO AGUAYO QUEZADA. A consecuencia de ello, en idéntica fecha emitió los lineamientos conducentes.
 Ambos documentos se acompañan como pruebas documentales UNO y DOS, al igual que la versión estenográfica de la sesión del IFE en la que se aprobaron –en la cual el tema en particular se discute entre las fojas 74 a 136–, que se exhibe como prueba documental TRES, todas en formato electrónico.
 A.  Procedencia de la adopción de medidas cautelares
 De conformidad con el artículo 25.1 del RCIDH, la solicitud de adopción de medidas cautelares procede en casos graves y urgentes y para evitar daños irreparables al objeto del proceso en conexión con una petición pendiente de estudio, como lo es la destrucción de la información a la que se pide acceso.
 En el caso que nos ocupa, existe una petición bajo estudio por esa Comisión, la registrada como P-219-10, que en su momento presentó SERGIO AGUAYO QUEZADA en contra de México, alegando la violación de su derecho de acceso a la información (artículo 13.1 y 13.2) y su derecho a un recurso efectivo conforme a los principios de legalidad y debido proceso (artículos 25, 8.1 y 9), ambos en conexión con las obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos reconocidas en el artículo 1.1 y de adoptar disposiciones de derecho interno establecida en el artículo 2, de la Convención.
 En ese sentido, la destrucción de las boletas electorales ordenada por el IFE el pasado 3 de octubre causaría un daño irreparable al derecho de acceso a la información de SERGIO AGUAYO QUEZADA y al objeto del proceso interamericano que se ha iniciado a través de la presentación de dicha petición.
 A partir de los hechos de los queda constancia en las pruebas documentales que se exhiben, esa CIDH estará en posibilidad de apreciar el grave peligro que corre el respeto al derecho a la información, toda vez que el IFE ya acordó la destrucción de las boletas cuyo acceso se solicitó por la víctima del asunto.
 En ese sentido, resulta urgente y necesario que la Comisión Interamericana solicite al Estado Mexicano la suspensión de la destrucción de dichas boletas electorales, en tanto se admite la presente denuncia y se resuelve sobre las posibles violaciones que la negativa a conceder acceso a ellas implica para el derecho a la información, aparte de su destrucción, pues de lo contrario se estaría causando un daño irreparable a ese derecho humano reconocido en    el artículo 13 de la CADH, sin olvidar las violaciones alegadas a su artículo 25.
 B.  Gravedad de la amenaza
 El respeto al derecho a la información peligra gravemente porque se tiene programada la destrucción de la información a la que se busca acceder. La gravedad de esta amenaza no puede ser de mayor grado. Ello es así porque una vez que la información se destruya no quedará registro alguno que la preserve, no quedará elemento alguno para reconstruirla, se perderá para siempre. Ante ello, se solicita a esa CIDH requiera a los Estados Unidos Mexicanos suspender la destrucción de las mencionadas boletas electorales.
 C.  Urgencia de la situación
 Es fundamental que cuanto antes se suspenda la destrucción de las boletas electorales a las que se solicitó acceso, pues esperar a que esa Comisión resuelva el fondo de este asunto, dada la inminencia de su destrucción, haría peligrar su conservación, a la par que una vez destruidas quedaría sin materia parte de la causa que se defiende, ya que acontecida la destrucción respectiva se vuelve físicamente imposible tener acceso a dicha información requerida.
 El anterior elemento es manifiesto si se observa que en losLineamientos para la destrucción de los votos válidos, los votos nulos, las boletas sobrantes y la lista nominal del proceso electoral federal 2005-2006, se indica claramente que la destrucción se tiene programa entre los días 12 y 26 de noviembre próximos.
 D.  Contexto a considerar
 De igual manera, esa Comisión Interamericana podrá constatar con la revisión de la versión estenográfica de la sesión en la que el IFE aprobó la destrucción de las boletas que nos ocupan, que un elemento fundamental que influyó en su determinación fue el desconocimiento de que existiera pendiente de estudio y resolución cualquier procedimiento ante una instancia nacional o internacional que pudiera impactar en el caso. Lo anterior conlleva que de llegarse a adoptar la medida cautelar que se solicita, existe certeza de que aquella autoridad, como la competente al interior del Estado Mexicano, atenderá dicha medida.
 E.  Otros elementos a tomar en cuenta
 La situación de riesgo que conlleva la destrucción de las boletas, claramente fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes del estado Mexicano. Tan es así que en su momento, en el juicio de amparo que se siguió por SERGIO AGUAYO QUEZADA, se obtuvo una suspensión de oficio de dicha destrucción, la cual perdió sus efectos al resultar improcedente esa vía.
 Claramente el beneficiario de la adopción de la medida cautelar solicitada lo es SERGIO AGUAYO QUEZADA, porque de pararse la destrucción de las boletas, ante la eventual constatación de las violaciones a sus derechos humanos denunciadas, se estará en posibilidad de ordenar la reparación adecuada de las mismas, lo que no podría acontecer si se da tal destrucción.
 Claramente existe expresa conformidad de SERGIO AGUAYO QUEZADA, como esa Comisión podrá constatar con su firma al final del presente escrito.
 F.  Otorgamiento inmediato de las medidas
 Las medidas cautelares que pudiera dictar esa Comisión no sólo son urgentes sino que también son necesarias de dictar inmediatamente, ya que en las actuales circunstancias constituyen el único medio a nuestro alcance que podría suspender a tiempo la destrucción de las boletas –programada entre el 12 y 26 de noviembre próximos– y con ello evitar un daño irreparable al derecho a la información, en el contexto inminente en el cual el IFE proceda por conducto de las instancias competentes, a tal destrucción. Dichas medidas cautelares evitarían que al momento en que en el Sistema Interamericano se resuelva lo conducente, éste se encontrara frente a un hecho consumado e irreparable, referente al derecho previsto en el artículo 13 de la Convención.
 G.  No prejuzgar el fondo del asunto
 Las medidas cautelares que la CIDH requiera a México adoptar, consistentes en la suspensión de la destrucción de las boletas electorales solicitadas, no prejuzgan sobre el fondo del asunto, pues simplemente permitirán conservar dichas boletas en tanto se resuelve en el Sistema Interamericano sobre el derecho a la información, ya que de ningún modo ordenan al Estado Mexicano hacer entrega de tales documentos. Eso sí, si al final se decide que procede nuestra pretensión, las medidas cautelares dictadas por la Comisión habrían garantizado su preservación para que en el futuro se pueda acceder a ellas.

Además, se corrobora fácilmente que el dictado de esas medidas cautelares no implica que se prejuzgue acerca de los temas de fondo que se debaten a raíz de este asunto, de no olvidarse que la causa que aquí se defiende trasciende al simple acceso a las boletas solicitadas, toda vez que también se encuentran denunciadas violaciones al derecho reconocido en el artículo 25 de la CADH.
Por lo expuesto y fundado,
Se solicita a esa Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:
 ÚNICO.- Atender esta solicitud de medidas cautelares, en los términos expuestos, y comunicarla de inmediato al Estado Mexicano a fin de detener     la destrucción de las boletas programada entre los días 12 y 26 de noviembre.
 SERGIO AGUAYO QUEZADA                       GRACIELA RODRÍGUEZ MANZO
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