domingo, 14 de octubre de 2012

Amparo definitivo del SME no es cualquier cosa:


TELEVISA EN TRAFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Y LAVADO DE DINERO


Es mayor a $423 millones la deuda heredada por el anterior edil de Acapulco: Luis Walton


Foto
Motocicletas inservibles de la Secretaría de Protección y Vialidad del municipio de Acapulco, que dejó la pasada administración priísta, según señaló el actual alcalde Luis WaltonFoto Javier Verdín
Motocicletas inservibles de la Secretaría de Protección y Vialidad del municipio de Acapulco, que dejó la pasada administración priísta, según señaló el actual alcalde Luis WaltonFoto Javier Verdín
Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 14 de octubre de 2012, p. 27
Acapulco, Gro., 13 de octubre. El alcalde Luis Walton Aburto desmintió hoy que el anterior ayuntamiento (2009-2012) le haya heredado una deuda de sólo 423 millones de pesos, como sostuvo ayer el ex presidente municipal y actual diputado federal priísta Manuel Añorve Baños.
Dijo que eso representa únicamente lo que el ayuntamiento le debe a instituciones bancarias. Precisó que la administración anterior aún no le entrega los estados financieros de cada una de las dependencias.
Nosotros no llevamos prisa; al mes estaremos dando la información de lo que adeuda el ayuntamiento, pues no es solamente ese débito, subrayó el alcalde, quien ganó la elección postulado por el partido Movimiento Ciudadano.
Entrevistado al finalizar la primera sesión ordinaria de cabildo de octubre, el alcalde lamentó que los directivos de la empresa de limpia Servitran –a la que el ayuntamiento adeuda 30 millones de pesos– se hayan retirado de Acapulco sin avisar, pues recordó que él se había comprometido a saldar parte de la deuda pendiente con esa empresa en la primera quincena de octubre.
Walton Aburto informó que ante ello se aplicó un programa emergente para la recolección de basura, para lo cual han sido contratados 25 unidades recolectoras y 14 camiones de volteo.
En cuanto al recorte de trabajadores, reiteró que es necesario disminuir la nómina, pues más de 50 por ciento de 2 mil millones de pesos anuales del presupuesto de Acapulco son utilizados para el pago de 8 mil 500 trabajadores municipales.
“Tenemos que ver de qué manera se disminuye la nómina; ha sido una irresponsabilidad cómo se ha dejado crecer; vamos a respetar los derechos laborales, no se trata de perjudicar a nadie, se trata de que haya orden para que esto pueda funcionar… no caben los trabajadores en las oficinas”.
Sin embargo, señaló que por el momento no hay dinero para liquidar a 150 elementos policiacos que superan 60 años.
Este sábado se realizó la primera sesión ordinaria de cabildo de octubre. En la sesión los ediles propusieron modificar el tabulador de infracciones aprobado meses antes de concluir la gestión del cabildo priísta 2009-2012, pues el costo de las multas es excesivo y no corresponden a lo indicado en la papeleta de infracción que recibe el conductor sancionado.
Asimismo, Manuel Rodríguez Morales, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil municipal, informó que no hay recursos para renovar o reactivar 40 cámaras de seguridad, una de las cuales fue robada y 39 están fuera de servicio debido a que su cableado fue hurtado y no ha sido posible sustituirlo por falta de recursos. Explicó que sólo 12 de las 52 cámaras de vigilancia con que se cuenta en toda la ciudad están activas.
El contralmirante retirado señaló que la corporación cuenta sólo con tres grúas para el arrastre de vehículos, lo cual representa una importante falta de ingresos para el municipio, pero dos están fuera de servicio.
Agregó que desde su llegada a la dependencia, el 16 de octubre, han sido evaluados mil 496 elementos de la corporación (92 por ciento del total), de los cuales 797 resultaron aptos y 320 no. Aún están en proceso de evaluación 379. Los resultados estarán listos en tres meses.

CFE sube 400% tarifas de energía en Villa Ahumada, Chihuahua



Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 14 de octubre de 2012, p. 27

En un año, cobros por alumbrado público pasaron de $80 mil a $584 mil, según el alcalde
CFE sube 400% tarifas de energía en Villa Ahumada, Chihuahua
En oficinas de atención ciudadana, hasta 10 quejas diarias por alzas en los recibos domésticos.

Sin causa justificada, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) incrementó en un año hasta 400 por ciento la tarifa que cobra por el servicio de energía eléctrica que otorga al municipio de Villa Ahumada, Chihuahua, situación que afecta a la cabecera y poblados ejidales, informó el alcalde Fernando Vázquez Ramírez.
Los exagerados incrementos de la CFE son por concepto de alumbrado público, y afectan las partidas destinadas a educación, limpieza urbana y seguridad que son prioritarias, dijo el alcalde de esta localidad ubicada a 130 kilómetros al sur de Ciudad Juárez sobre la carretera Panamericana.
Explicó que el ayuntamiento ya interpuso una queja ante el superintendente de la paraestatal en Ciudad Juárez, que es el encargado de la zona; sin embargo no ha dado respuesta, aparte de que la empresa no ha entregado recibos o facturación por el servicio pagado de alumbrado público.
Dijo que antes de noviembre de 2011, el municipio de Villa Ahumada pagaba por alumbrado público entre 80 mil y 110 mil pesos, cifra que se consideraba cada año en el presupuesto de egresos, pues durante años las costos fueron estables.
Ese mes les llegó el primer recibo de 260 mil pesos. En septiembre pasado, el pago corresponde ya a 584 mil pesos.En julio se pagaron 520 mil pesos y ahora quieren hacer un cargo similar porque según los funcionarios de la CFE debemos junio y agosto, manifestó Vázquez Ramírez.
El incremento a las tarifas no sólo ha afectado a la administración municipal, ya que la Dirección de Atención Ciudadana ha registrado hasta 10 quejas diarias por alzas en los recibos domésticos. Las viviendas tenían un pago mensual de 200 pesos en promedio mensual, ahora es de hasta 2 mil 500.
Dijo el edil que ya no pueden pagar esas cantidades y exigió que se haga un censo de las luminarias para que constaten que éstas no se han incrementado.
El edil cree que el incremento se debe al desorden que la CFE tiene con las conexiones ilegales de pozos en la región agrícola, y ahora quieren prorratear el consumo ilícito de la energía entre todos los habitantes de Villa Ahumada.
Adeudan $26 millones a Cancún por impuesto al hospedaje
La Secretaría de Hacienda de Quintana Roo no ha entregado al ayuntamiento de Benito Juárez (donde se ubica Cancún) al menos 26 millones de pesos por concepto del impuesto al hospedaje correspondientes a 2012 ni de diciembre de 2011, informó Máximo García Rocha, director de Turismo municipal.
Este monto permitiría al ayuntamiento realizar obra pública para atender la imagen urbana al centro de este polo turístico.
García Rocha recordó que anualmente la dependencia estatal otorga entre 26 y 30 millones de pesos de gravamen al ayuntamiento. Precisó que el tema ya fue planteado a las autoridades estatales.
Llamó al Congreso local a presionar al gobierno estatal para que la Secretaría de Hacienda entregue con oportunidad los recursos, ya que el dinero es pagado con oportunidad por los hoteleros y no hay razón para que se desfase tanto tiempo la liquidación del mismo.

Caso Aquino deriva en enfrentamiento con Grupo Milenio (Primera Parte)


Escrito por Jenaro Villamil el 14 octubre 2012 a las 1:59 pm en Sociedad
A dos meses de que el empresario méxico-norteamericano, José Aquino presentara el 7 de junio una demanda por presunto fraude y conspiración por 56 millones de dólares en contra de Alejandro Carrillo Garza Sada y 17 coacusados más, incluyendo a colaboradores de la campaña de Enrique Peña Nieto, la empresa Grupo Multimedios, accionista deMilenio Diario y Milenio Televisión, negoció con el abogado Maxwell C. Agha para que “dejara morir” la denuncia de su cliente, a cambio de obtener publicidad política y turística durante 6 años en el canal 50, de San Diego, California, de su propiedad.
Así explica José Aquino, inversionista de Frontera Television Network y de otra serie de medios electrónicos de Estados Unidos, la traición de su abogado Maxwell C. Agha y la resolución del pasado 13 de septiembre de la Corte de Distrito Central de California que desechó la demanda judicial presentada el 7 de junio.
“La demanda la rechazó el juez porque mi abogado se vendió al PRI por medio de Milenio yMultimedios. Le prometieron 6 años de publicidad de turismo y de los candidatos del PRI a cargos de elección popular”, sentencia Aquino, entrevistado por Proceso vía telefónica.
Aquino advierte que esta semana interpondrá otra demanda en la que incluirá a Maxwell C. Agha y a los directivos y propietarios del Grupo Multimedios, y descartó que exista alguna negociación con el PRI o con Alejandro Carrillo Garza Sada, protagonista central de esta historia, para recuperar
Maxwell C. Agha es abogado y propietario del canal 50 de San Diego, “el cual se menciona en la demanda original como una de las cadenas de televisión que reservaría spots para la campaña de Enrique Peña Nieto que se lanzaría a través de Frontera Television Networks”, explica Aquino.
Al reconstruir esta historia del presunto fraude por 56 millones de dólares, Aquino recordó que cuando Alejandro Carrillo Garza Sada lo contactó para que reservara spots para la campaña de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos, el abogado Maxwell C. Agha “estuvo envuelto desde el principio en todo el caso, porque era dueño de uno de los canales que accedieron a reservar espacios para promocionales”.
“Cuando a mí no me cumplió el PRI y yo no les pude cumplir a otra serie de canales de televisión que iban a formar parte de este proyecto, el dueño de canal 50 que es abogado me amenaza con demandarme si no le cumplía”, rememora Aquino.
“Max Agha fue quien me propone demandar a todos los priistas y a todos los que incumplieron en el trato y que le firmara un segundo contrato para que él representara a Frontera Television Network en el litigio. Max presentó la demanda el 7 de junio. Incluso, anunció en su oficina que estaba orgulloso de tener un gran caso en su bufete.
“Seis semanas después, Max realiza declaraciones en Milenio Diario anunciando que se retiraba del caso, sin antes haberme avisado a mí. Investigamos en su oficina y nos enteramos que bajó la señal de mi canal afiliado TVC Mas Latino para poner en su lugar a Milenio TV sin siquiera dar una notificación”.
-¿Qué le ofrecieron a cambio a su abogado para que desistiera de la demanda?
-Nos enteramos en la investigación que Maxwell recibió promesas y dinero de Milenio y de Alejandro Carrillo y que le habrían garantizado 6 años de publicidad política y turística a cambio de no defender mi caso y hacerme ver mal en Milenio Diario.
Desde el 30 de junio, durante el litigio en la Corte del Distrito Central de California, los abogados defensores de Erwin Lino Celaya, secretario privado de Enrique Peña Nieto, de David López, coordinador de Comunicación Social, y de Roberto Calleja, coordinador de Comunicación de la dirigencia nacional del PRI, le solicitaron al abogado Mawell Agha que retirara la demanda por considerar que las acusaciones por conspiración y fraude carecen de fundamento y resultan inverosímiles.
Tres meses después de esta solicitud, José Aquino concluye que no sólo hubo un acercamiento sino que los abogados del PRI “compraron” a su abogado. Para ello, advierte Aquino, “los mismos representantes priistas me dijeron que Francisco González, propietario de Grupo Multimedios, y Alejandro Carrillo Garza Sada son amigos”.
La Primicia de Milenio Diario
El lunes 17 de septiembre, Milenio Diario publicó como exclusiva que la Corte del Distrito Central de California determinó desechar la demanda de Aquino al considerar que las acusaciones “carecen de fundamento de hecho y de derecho” y que resultó ser “una queja frívola”.
De acuerdo con la nota informativa, sin firma, el tribunal de distrito fijó la fecha del lunes 17 de septiembre como plazo límite para establecer el monto de las sanciones, aunque la defensa de los acusados reclama el pago de al menos 19 mil dólares por concepto de honorarios de abogados.
La nota indica que en respuesta a la solicitud de la defensa de Erwin Lino, de David López y de Roberto Calleja, el abogado de Aquino, Maxwell C. Agha, “solicitó retirarse del caso en al menos dos ocasiones, con el argumento de ser víctima de acoso y amenazas de su cliente”.
“Entre las pruebas de dichos señalamientos, el litigante entregó extractos de correos electrónicos que le envió el propio José Aquino y entre los cuales destacan tres: ‘eres un mentiroso, un cerdo y un abogado muy corrupto’, ‘no sé cuánto dinero te habrá pagado el PRI y Milenio’ e ‘irán a la cárcel’.
“Con todos estos antecedentes, el citado tribunal de distrito estadounidense decidió el pasado 13 de septiembre el sobreseimiento de la demanda judicial y, en consecuencia, el desechamiento de las acusaciones contra Lino, López y Calleja”, afirma la nota especial de Milenio Diario.
Desde el 24 de julio, Milenio Diario publicó que Aquino ha enfrentado más de cien demandas civiles en California durante las últimas dos décadas. También documentó que el propietario de Frontera Television Network ha utilizado al menos cinco nombres distintos para realizar negocios en California.
Ante la demanda de Aquino interpuesta en California, integrantes del equipo de la campaña de Peña Nieto, involucrados en la acusación, contrataatacaron interponiendo una demanda por presunta extorsión ante la Procuraduría General de la República, el pasado 14 de junio.
Continúa mañana.

Opinión: ¿Peña Nieto podrá retroceder 70 años nuestro reloj?


Por Emiliano Ruiz Parra  @ERuizParra
Septiembre 30, 2012   
Emiliano Ruiz Parra, maestro en Filosofía Política (University College London) y licenciado en Letras Hispánicas (UNAM), ha ejercido el periodismo político y social en impresos como Reforma, El Universal, Gatopardo y Quién. Está por publicar "Ovejas negras, rebeldes de la Iglesia mexicana del siglo XXI", libro sobre el sector disidente de la jerarquía católica. Con este texto inicia una serie de colaboraciones en ADNPolítico.

Retrasen sus relojes 70 años, como dice una frase recurrente en las redes sociales.
Hace unos días conocí a alguien que podría caracterizar al “viejo PRI” en el Estado de México, la cuna política del presidente electoEnrique Peña Nieto. Aquí su historia.
Era 1997, el año en el que el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Con una cobija como única compañía, el mexiquense hacía antesala todos los días en la Secretaría de Gobernación. Llegaba al amanecer y se iba a las tres de la mañana.
Una noche, por fin, el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, le concedió tres minutos para escucharlo mientras caminaba de su despacho al coche.
“Quiero ser alcalde de Ecatepec”, le dijo.
El hombre de la cobija recibió, tres días más tarde, un mensaje manuscrito del secretario en el que le deseaba suerte como “futuro presidente municipal”. Tras ser alcalde, Jorge Torres formó parte del gabinete estatal.
El mexiquense de la cobija me contó su historia sin que yo se la preguntara, mientras lo entrevistaba para una investigación periodística sobre un tema distinto. Su oficina está repleta de fotografías en las que aparece con la clase política local, expresidentes y exgobernadores. Salimos a conversar a la calle. Se puso lentes negros de policía judicial. Lo seguía un séquito de cinco personas que cargaban su portafolio, se reían de sus chistes y le ayudaban a recordar anécdotas.
Torres es miembro del llamado “Grupo Toluca” y clásico representante del “viejo PRI”. Sólo Peña Nieto sabe si lo invitará al Gobierno Federal que entrará en funciones el 1 de diciembre, pero lo cierto es que el ambiente que Torres me describe es el mismo en el que el presidente electo se formó políticamente: priismo rancio de antesalas, lentes oscuros y asistentes que se ríen de chistes sosos. Un priismo que tuvo en Arturo Montiel a su mejor representante.
Durante la campaña electoral pasada, la izquierda y el movimiento #YoSoy132 alertaron que Peña Nieto representaba el regreso del régimen autoritario, encabezado por un presidencialismo omnipotente, la dictadura perfecta del PRI -como la describió Mario Vargas Llosa- que simulaba elecciones, tenía partidos de oposición, prensa aparentemente libre, división de poderes y federalismo, pero que hasta 1989 ganaba todas las gubernaturas, en la que los partidos de oposición eran testimoniales y la prensa tenía prohibido criticar al presidente.
México vivió una transición lenta, pero real.  Es cierto que persisten prácticas como la compra del voto, pero ahora las elecciones son organizadas por organismos públicos autónomos, el PAN ganó las elecciones presidenciales de 2000 y 2006, en 22 entidades del país ha habido alternancia y, desde 1997, el presidente de la República carece de mayoría absoluta en el Congreso.
Durante los 12 años de panismo algunos medios criticaron duramente a Fox y a Calderón, otros cedieron a las presiones de Los Pinos y actuaron como voceros del Ejecutivo, pero los márgenes de maniobra se ampliaron como nunca antes.
Es posible que Enrique Peña Nieto pretenda retrasar los relojes 70 años y ejercer el poder como “presidente imperial", preguntar la hora y que le respondan “la que usted diga, señor presidente”, pero esos anhelos chocarán con un país diferente y un régimen político distinto.
En los años dorados del PRI, el presidente de la República ponía y quitaba gobernadores: Carlos Salinas de Gortari removió a 17 titulares de ejecutivos estatales. Durante los sexenios de Fox y Calderón, los gobernadores del PRI, del PAN y del PRD se volvieron los ganadores de la transición: sin la sombra de un presidente omnipotente, gobernaron sus estados como virreyes, con pleno control de sus congresos locales y del presupuesto público. Humberto Moreira, sólo por citar uno de los casos extremos, aumentó la deuda de Coahuila 100 veces, al hacerla crecer de 323 millones a 36,000 millones de pesos. Y se fue impune.
No se ve por qué los gobernadores del PRI estén dispuestos a perder la autonomía que ganaron con la transición. Ni siquiera está claro que Peña Nieto tenga el control de las fracciones parlamentarias del PRI como lo tuvieron Salinas y Zedillo.
La reforma laboral afectará derechos de los trabajadores; la propuesta de reforma hacendaria implicará, muy probablemente, la imposición del IVA generalizado y, quizá, la reforma energética plantee ceder una parte de la renta petrolera al capital privado (como el esquema de Petrobras que ya elogió el presidente electo), pero algunos diputados y senadores del PRI ya le hicieron saber a Peña Nieto, discretamente, que no quieren pagar el costo político de esas reformas.
Peña Nieto no podrá aspirar a ser un presidente imperial. Quizá ni siquiera consiga asumirse como el jefe máximo de su partido. Enfrentará un congreso dividido, gobernadores virreinales y, para colmo, los poderes fácticos: todos aquellos cárteles lícitos e ilícitos que defienden sus intereses y compiten por dominar sus mercados e influir en sus marcos regulatorios.
Puede que regrese la cultura política del viejo PRI con sus cobijas en las antesalas de Los Pinos y Gobernación, y que la tentación presidencialista palpite en las sienes de Enrique Peña Nieto; pero el presidente de la República, quizá, no será más que un administrador de un abanico de intereses y de fuerzas que no estarán dispuestos a ceder el poder conquistado en la alternancia.

Sentencia definitiva sobre la CFE, en medio de una oleada


El 8 de octubre, el segundo tribunal en materia de trabajo del primer circuito publicó sentencia definitiva sobre el caso relacionado con Luz y Fuerza del Centro (LFC) y sus trabajadores. Dictamina también que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es el patrón sustituto de los trabajadores, o sea que deberá volver a contratarlos.
En la sentencia se echan abajo los principales argumentos del gobierno federal y de la CFE, y le impone a esta última el recontrate de 16 mil 599 trabajadores no liquidados y les tendrá que pagar salarios caídos, casi de tres años. También hay un trato a los jubilados durante este tiempo. Estos trabajadores son miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ha pugnado por estos resultados.
El tribunal, antes, obliga a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a dictar un nuevo laudo, conforme a lo dictado por el mismo tribunal. Y se anulan las que constituyeron medidas que fueron declaradas como secretas durante 12 años.
Estas medidas constituyen el debilitamiento de un gobierno federal que está por terminar, que prometió una compañía eficiente. También deja debilitadas a las autoridades de la CFE. Veremos algunos ejemplos, de los que hemos hablado en artículos anteriores. Las fechas mencionadas son de mis artículos, y de este año.
La CFE tuvo utilidades, en 2010, de 800 millones de pesos. Pero ya en 2011 tuvo pérdidas de 17 mil millones de pesos (4 de marzo). El primer año con la ex LFC fue más eficiente que el segundo con la empresa de clase mundial.
Se han formado por todo el país grupos de defensa contra las tarifaslocas. Se han tomado diversas medidas al respecto.
La misma CFE ha estado comprando, o contratando para comprar, enormes cantidades de gas desde Estados Unidos, y gasoductos, con una perspectiva de importación de largo plazo y alta cantidad para la generación de electricidad (22 de julio).
Nos llegó hace poco tiempo una versión. El secretario general del SUTERM, sindicato oficial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Víctor Fuentes del Villar, dijo a numerosos miembros de ese sindicato que él no estaba de acuerdo con la corrupción de las autoridades y sus decisiones, y que no iba a asistir al aniversario.
La realidad de esa ausencia se mostró en el 75 aniversario de la fundación de la CFE, en una reunión encabezada por el Presidente de la República y los funcionarios de esa entidad y del sector de energía, el 14 de agosto. Pero esto sucedió con ausencia del SUTERM y su dirigente, lo que no tiene antecedentes. Se vio en la información en este diario, el 15 de agosto, en la página 33, con una foto con el Presidente y los altos funcionarios, pero hasta ahí (26 de agosto).
Se han producido problemas, como el Proyecto Agua Prieta, para el cual se contrató a varias empresas y hubo tanto errores como actos de corrupción.
El gobierno actual ha servido no sólo al gobierno derechista español, no sólo con Pemex, sino que ha recibido enormes mordidas y otorgado variados apoyos al monopolio español Repsol en materia de generación de electricidad.En septiembre de 2007, la Comisión Federal de Electricidad mexicana otorgó a Repsol un contrato para el suministro de gas licuado para la terminal de gas natural en Manzanillo, en la costa del Pacífico de México... Este contrato fue evaluado en 15 mil millones de dólares y provee gas licuado a la planta mexicana por un periodo de 15 años (tomado del informe anual de 2009 de Repsol a la Securities and Exchange Commission, autoridad financiera estadunidense, y estos hechos son sólo algunos de tantos).
A este escenario debemos agregar una gran cantidad de hechos locales o regionales. Se afectó a varios núcleos indígenas y simplemente de pobladores, despojándolos de sus tierras y de sus pueblos, para beneficiar a trasnacionales; enfrentándose a quienes se defienden de los altos precios; a afectados en sus aguas o en sus recursos naturales. También llevan un tiempo largo las huelgas de pagos, como en Tabasco, por las altísimas tarifas.
Todos estos ejemplos muestran hasta qué punto han sido llevados la dirección de la CFE y el gobierno federal en el campo de la electricidad en materia de servicio público. Por lo pronto, están inmersos en numerosos problemas que hemos enumerado, y también están al margen de la ley, mientras que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no la aplique en los términos ordenados por el mencionado tribunal.

Bienvenidos.

Este espacio es una recopilación de noticias de Medio Alternativos

El Congreso mexicano es líder mundial en gasto y burocracia


Por Susana Moraga  @ShushaMoraga
Octubre 09, 2012   16 Comentarios
El Congreso mexicano, integrado por las cámaras de Diputados y Senadores, es uno de los más caros del mundo, detrás de los parlamentos de Estados Unidos, Brasil, Nigeria y Japón, según el primer Informe Parlamentario Mundial 2012, del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), y la Unión Interparlamentaria, con información de 202 parlamentos de 190 países.
A cada mexicano, el Congreso le cuesta cada año 10.2 dólares según el cálculo, basado en información de 2010, cuando ambas cámaras recibieron en total 1,116, 543, 848 dólares como presupuesto y se tenía un registro de 109, 610, 000 mexicanos.
El costo incluye el sueldo de los 500 diputados y los 128 senadores, además de sus 7,257 empleados, lo que significa que hay 11.56 burócratas por legislador, casi tres veces el promedio mundial, que es de 3.76 trabajadores, y el doble del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que es de 4.78.
Del total de los 7,257 burócratas que laboran en el Congreso de la Unión, 5,221 corresponden a la Cámara baja y 2,036 al Senado.
Si bien el documento no menciona el presupuesto del parlamento brasileño como uno de los más cuantiosos, de acuerdo a los anexos del Informe el monto que el país sudamericano destina a su congreso sería el segundo más grande.
El informe busca establecer parámetros para medir el desempeño, los resultados y la calidad del trabajo legislativo, señaló en entrevista, Diego Antoni, director del Programa de Gobernabilidad Democrática del PNUD en México.
“El Informe da como los primeros elementos para la discusión, lo que sigue es establecer parámetros internacionales en el desempeño parlamentario, no sólo en fiscalización y en legislación.
“Para México va a ser muy interesante y útil saber qué parámetros están usando en otras partes del mundo para poder hacer su propia opinión respecto a la efectividad del trabajo del Congreso mexicano versus los recursos que le destina”, consideró Antoni.  
El estudio no equipara el presupuesto de los parlamentos con los resultados legislativos que cada cámara ha obtenido en su país de origen y tampoco hace comparativos entre congresos unicamerales o bicamerales.
Gustavo López Montiel, investigador del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey, señaló que el Congreso de la Unión es oneroso, aunque el gasto y la eficiencia debe medirse en relación a la forma en cómo trabaja.
“El Congreso mexicano tiende a ser un poco más eficiente que otros porque la mayor parte de las iniciativas que se presentan son menores, pero cuando vemos reformas de largo alcance, ahí sí tiene dificultades en buena medida porque su estructura evita que haya un proceso de toma de decisiones mucho más eficiente”, dijo.
En México los legisladores llegan a la curul a través de mayoría relativa, que es por voto directo, o por la vía plurinominal, que se refiere al porcentaje de votos que obtiene cada partido.
“Esto hace que al Congreso, por esta forma de representación, lleguen distintos grupos y lleguen normalmente aquellos que tienen mucho poder en las estructuras partidarias que los que se eligen por voto directo.
La reforma laboral es un ejemplo, el proceso es muy complicado porque todos los grupos que están ahí tienen intereses distintos y tienen capacidad de vetarse uno a otro (…) eso hace que la construcción de leyes sea muy tortuosa y muy complicada”, explicó.
Cualquier congreso requiere una burocracia especializada y necesita una estructura profesional que realice el trabajo técnico y que dé los elementos de análisis a los legisladores para la toma de decisiones, indicó María del Carmen Nava, directora de la agencia Visión Legislativa.
Añadió que el problema en el caso mexicano es que los legisladores han “metido las manos” en toda la estructura burocrática de asesoría, ocasionando que no haya una plantilla de trabajadores especializados.
“Lo que tienden a hacer los grupos parlamentarios es que se reparten las cabezas de cada uno de los centros de estudio (…) En el Senado, el Instituto Belisario Domínguez era algo más institucional y de repente les gustó a los partidos turnarse anualmente la presidencia del Instituto y eso generó que no tuvieran una continuidad en los proyectos de investigación.
“Al final si los legisladores no terminan de sacar las manos de toda esta estructura burocrática de asesoría, terminan en efecto desperdiciándose los recursos”, señaló Nava en entrevista.

Faltó transparencia en el manejo de 367.5 mil mdp: Cuenta Pública 2011


Se manejaron al abrigo de figuras conocidas como “actos jurídicos sin estructura” sin especificar su uso.
Roberto Garduño
Publicado: 14/10/2012 10:19

México, DF. En el transcurso de 2011 las dependencias del gobierno de Felipe Calderón manejaron con poca claridad 367 mil 540 millones 400 mil pesos al abrigo de las figuras de fideicomisos, mandatos y análogos, que son conocidos como “actos jurídicos sin estructura” y se integran con recursos públicos.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2011, enviada a la Cámara de Diputados para su revisión y análisis, enuncia que cada una de las dependencias federales tienen obligación de informar al Congreso del manejo de esos recursos, no obstante, las instituciones públicas solo dan cuenta de las cifras globales de los recursos públicos que controlan, sin especificar su uso, destino y la generación de intereses.
En 25 de los denominados “actos jurídicos sin estructura” se concentró 85.6 por ciento de los 367 mil 540 millones 400 mil pesos. De estos multimillonarios recursos, de los que se desconoce su manejo, 317 mil 447 millones 500 mil pesos se integraron a la bolsa correspondiente a los fideicomisos; los mandatos contienen 38 mil 22 millones 500 mil pesos, y los análogos 12 mil 70 millones 400 mil pesos.
Del total de los recursos mencionados el gobierno federal controló 97 por ciento, que representan 357 mil millones; los gobiernos de los estados participaron en esos esquemas con 8 mil 407 millones, y el sector privado se benefició con la participación de recursos públicos por mil 230 millones de pesos.
El grado de opacidad en la operación de esa gran cantidad de dinero se justifica en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, porque concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la posibilidad de evadir responsabilidad al momento de la revisión y la fiscalización:
“Las dependencias y entidades de la administración pública federal (APF), son responsables de la información que reportan sobre los actos jurídicos sin estructura que coordinan o con cargo a su presupuesto se otorgan recursos federales. En ese sentido, la SHCP únicamente es el medio para integrar la información de los actos jurídicos para su presentación en este informe”.
Así los “actos jurídicos sin estructura” con los montos más elevados –durante 2011– fueron los siguientes:
En el capítulo de infraestructura pública (con 79 mil 898 millones 800 mil pesos), la SHCP manejó el fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) por un monto de 48 mil 176 millones 500 mil pesos; el fideicomiso para administrar la contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, con 17 mil 688 millones 100 mil pesos; el fideicomiso Programa de mejoramiento de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras, con 2 mil 856 millones 100 mil pesos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago para Apoyar el Proyecto de Saneamiento del Valle de México, 4 mil 367 millones 900 mil pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el Fideicomiso E-México, por 3 mil 810 millones 100 mil pesos.
En el capítulo denominado Estabilización presupuestaria (59 mil 954 millones 300 mil pesos), la SHCP aglutinó el monto principal concentrado en los cuatro fideicomisos descritos: Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), 38 mil 694 millones 400 mil pesos; Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP), 11 mil 36 millones 200 mil pesos; Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (Feief), 5 mil 554 millones 800 mil pesos, y el fideicomiso Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Foref), con 4 mil 668 millones 900 mil pesos.
En el capítulo Apoyos financieros y otros (60 mil 60 millones 900 mil pesos), la Secretaría de Salud controla el Fideicomiso del Sistema de Protección Social de la Salud, con 31 mil 692 millones 400 mil pesos. SHCP, el Fondo de la Financiera Rural, con 10 mil 554 millones 100 mil pesos; el Mandato para la Administración de los Recursos del Programa de Cooperación Energética para países de Centroamérica y el Caribe, 6 mil 80 millones 800 mil pesos; el Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas (Fidem), 3 mil 241 millones 700 mil pesos. La Secretaría de Seguridad Pública administra el Fideicomiso para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de Seguridad Pública y Aeronaves, con 4 mil 422 millones 900 mil pesos. Y la Secretaría de la Defensa Nacional, el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, con 4 mil 68 millones 900 mil pesos.
En el capítulo Pensiones (83 mil 240 millones 500 mil pesos), la SHCP maneja con cinco fideicomisos: Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones, 27 mil 22 millones 500 mil pesos; Fideicomiso de Pensiones del Sistema Banrural, 20 mil 289 millones 300 mil pesos; Fideicomiso plan de pensiones de los jubilados de Banobras, 11 mil 817 millones 200 mil pesos; el Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad Nafin, 10 mil 371 millones 300 mil pesos; el Fondo de Pensiones Bancomext, 10 mil 168 millones 700 mil pesos, y la Secretaría de Energía, con el Fondo Laboral Pemex, un total de 3 mil 580 millones 400 mil pesos.
En el capítulo Prestaciones laborales (12 mil 265 millones 100 mil pesos), la Secretaría de Educación Pública, con el Fondo de Retiro de los Trabajadores de la SEP, maneja 12 mil 265 millones 100 mil pesos.
En el capítulo Subsidios y apoyos (22 mil 140 millones de pesos), la SHCP controla el Fideicomiso de Contragarantía para el Financiamiento Empresarial, con 9 mil 982 millones de pesos y el Fondo para la Participación de Riesgos, 5 mil 6727 millones 200 mil pesos. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con el Fondo Sectorial Conacyt-Secretaría de Energía-Hidrocarburos, 6 mil 480 millones de pesos.

Si se intenta privatizar Pemex, no se podrá frenar “convulsión” del país: Aureoles


El coordinador de los diputados del PRD dijo que si bien es cierto que ese recurso se ha mal administrado, derrochado y mal aprovechado, “no es privatizándolo como se va a resolver el problema”.
De la redacción
Publicado: 14/10/2012 15:54
México, DF.
El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, señaló que si Enrique Peña Nieto intenta privatizar bienes nacionales como Petróleos Mexicanos, el país tendrá una "convulsión" que no podrá frenar el gobierno federal.
En un comunicado, afirmó que más allá de la postura de los legisladores en las Cámaras del Congreso, la respuesta a una decisión de esta naturaleza va a venir de los ciudadanos, quienes no permitirán jamás que se privatice el petróleo mexicano.

Aureoles adelantó que los legisladores “no nos cerramos a la discusión, al debate de éste y otros temas, sin embargo, todo aquello que apunte a privatizar Pemex va a ser muy difícil que transite”.

Convino en que si bien es cierto que se ha mal administrado, derrochado y mal aprovechado un recurso que pudo haber sido la palanca del desarrollo nacional, “no es privatizándolo como se va a resolver el problema de la ineficiencia y rezago tecnológico que sufre hoy Pemex”.
Consideró que la solución al problema es cambiarle el régimen fiscal a esta empresa para darle autonomía, capacidad de decisión y para que funcione con la misma eficiencia y resultados que cualquier empresa del mundo.

Defenderán senadores panistas democracia y transparencia sindical: González Morfín


Una vez que logren en el Senado, incluir esos dos temas, no se perderá el carácter de iniciativa preferente cuando regrese a la Cámara de Diputados para su aprobación, señala el legislador.
Notimex
Publicado: 14/10/2012 19:51

México, DF. El diputado federal José González Morfín confió en que los senadores del Partido Acción Nacional (PAN) defenderán la democracia y la transparencia sindical de la reforma laboral, tras considerar que no ve ánimo de que se quiera “congelar”.
En entrevista también resaltó que una vez que los panistas logren en el Senado, que "ojalá" sea con apoyo de los partidos de izquierda, incluir esos dos temas, no se perderá el carácter de iniciativa preferente cuando regrese a la Cámara de Diputados para su aprobación.
“Tenemos que defender ese tema y estoy seguro que nuestros compañeros lo van a hacer en la Cámara de Senadores. Ojalá se pueda construir la mayoría ahí, con el PRD y con otros, y que regrese y lo podamos volver a considerar en la Cámara de Diputados”, expuso.
El legislador insistió en que no es preocupante que la reforma laboral regrese a la Cámara de Diputados, donde -recordó- el Partido de la Revolución Democrática (PRD) rompió el acuerdo para apoyar la iniciativa.
González Morfín recalcó que la transparencia y la democracia sindical son temas pendientes, los cuales se incluyen en los tratados internacionales signados por México.
“No hay ningún riesgo (de perder que sea iniciativa preferente). Finalmente la cámara de origen entraría a discutir solamente los temas que se pudieran haber modificado; yo creo que eso se puede hacerse muy fácil, muy rápido”, externó.
El legislador del PAN recalcó: “No creo que esté en el ánimo de nadie congelar una iniciativa, ni la laboral, ni la de contabilidad gubernamental”, ya que lo importante es concluir el trámite parlamentario.

La reforma laboral también ignora los derechos de los gays, afirma López Vela


Por no capacitar a transexuales, les deja como única alternativa la prostitución: el activista
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Domingo 14 de octubre de 2012, p. 9
Además de vulnerar las conquistas históricas de la clase obrera, la reforma laboral propuesta por Felipe Calderón es omisa frente las necesidades específicas de algunos sectores vulnerables, como los grupos de diversidad sexual, ya que no hace mención de los obstáculos que suelen enfrentar las y los homosexuales en el ámbito del trabajo.
Jaime López Vela, coordinador de la organización Agenda LGBT, afirmó lo anterior y llamó a los legisladores a no aprobar una iniciativa que no se pronuncia sobre los bajos salarios, la imposibilidad de ascensos y los despidos injustificados contra gays y lesbianas, ni sobre la falta de capacitación para la comunidad transexual, cuya única alternativa de empleo suele ser la prostitución.
Nos oponemos a la reforma por todo lo que representa en general: porque es una falacia que genere más empleos, pero además consideramos que pretende legitimar la homofobia en el ámbito laboral, porque sigue sin extender los derechos y beneficios que tienen los trabajadores a sus parejas del mismo sexo y a sus familias, explicó en entrevista con este diario.
Aunque el propio Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que la población más marginada del país son lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, la iniciativa calderonista no aborda este problema, por lo que transgrede los principios constitucionales de libertad e igualdad, aseveró.
Por otro lado, dijo el activista, la reforma aprobada por la Cámara de Diputados tampoco se refiere a las condiciones particulares de empleo de las personas que viven con VIH/sida, quienes necesitan tiempo suficiente para acudir a hospitales a monitorear su estado de salud, lo cual suele acarrearles problemas con sus empleadores.
“No nos oponemos a que haya una reforma laboral, pero la que necesitamos no es ésta, sino una que esté contra loscacicazgos y la corrupción de los Romero Deschamps y las Elba Esther Gordillo; que dé salario digno a nuestras familias, que acabe con todas las formas de discriminación y nos dé plena inclusión social y económica”, indicó el activista.
En caso de que el Senado haga caso omiso de sus llamados y ratifique la propuesta de Calderón, consideró López Vela, los grupos de defensa de la diversidad sexual lo denunciarán ante la unidad especializada en el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y pedirán la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ninguna iniciativa de ley, por preferente que sea, puede ser omisa, discriminatoria y homofóbica, y esta reforma viola nuestros derechos humanos de muchas formas, sostuvo.

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